Lago Titicaca: más de 20 años sin resolverse grave problema de contaminación
El Titicaca, el lago navegable más alto del mundo (3,800 msnm), contiene 9,000 millones de m³ de reservas de agua dulce y tiene un área de 8,560 km² (Perú 4,770 km² y Bolivia 3,790 km²). Nuestro lado está seriamente impactado y contaminado por vertimientos en sus principales ríos que desembocan al lago (Huancané, Ramis, Suches, Coata, Illipa e Ilave), arrastrando desechos industriales con metales pesados y mercurio de la minería ilegal; además, aguas residuales que contaminan la bahía interior y los cientos de toneladas de desechos de las ciudades ribereñas afectan la cuenca.
En 2002 se promulgó la Ley 27814 y el DS 007 para descontaminar la bahía interior de Puno, nombrándose una Comisión Técnica Multisectorial, y nada se logró. Diez años después, en 2012, se promulgó la Ley 29906 y el DS 075, nombrándose otra comisión similar para la recuperación integral del Lago Titicaca y sus afluentes, pero nada se avanzó. Desde agosto de 2017, el gobierno anunció la inversión de US$ 437 millones para construir diez Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para descontaminar el lago; recién dos años después, en agosto de 2019, el grupo mexicano FYPASA (después denominado Operadora Ecológica del Titicaca - OPETI) obtuvo la buena pro para la construcción, operación y mantenimiento de seis plantas, y la operación y mantenimiento de otras cuatro existentes. Estas diez serían operadas por dicho consorcio por 30 años.
Finalmente, el contrato se firmó en octubre de 2019, como asociación público-privada, y en abril de 2021 se iniciaron los trabajos del primero de tres componentes: instalación de colectores en seis localidades de Puno (Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho). Pero en marzo de 2022, la Contraloría advirtió un retraso del 71 %. OPETI, en septiembre de 2022, inició un procedimiento de terminación anticipada, según ellos, por no recibir las autorizaciones ambientales ni los recursos económicos por parte del Ministerio de Vivienda (MVCS), argumentando que había invertido S/ 211 millones en el proyecto, y el Estado peruano declaró inválida e improcedente la terminación del contrato; en marzo de 2023, OPETI presentó una solicitud de arbitraje, que fue admitida por CIADI en diciembre pasado. El MVCS ha anunciado la convocatoria de un nuevo proceso para culminar la obra de manera integral.
Bajo este panorama, la grave contaminación del Lago Titicaca ya persiste por más de 20 años, y actualmente la construcción de las PTAR lleva dos años paralizada; el nuevo proceso anunciado por el MVCS es obviamente de largo plazo, y la contaminación continúa avanzando imparable, afectando el lago, el medio ambiente, la fauna y flora, el turismo, la pesca y el comercio, pero, sobre todo, la salud de los 3 millones de pobladores que habitan en la cercanía de la cuenca del Titicaca.
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