Lágrimas caviares por la JNJ

El caviaraje nacional –e incluso el progresismo internacional a través del representante de la ONU en Perú– ha montado una vil campaña para evitar que el Congreso cumpla con su facultad constitucional de investigar –y eventualmente remover– a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave.

La moción aprobada por el Congreso, que fue presentada por la legisladora Patricia Chirinos y con la cual que encargó a la Comisión de Justicia indagar a los juntitas, no es moco de pavo porque cuestiona: 1) que la JNJ haya emitido un pronunciamiento colegiado que buscaba impedir la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, 2) la supuesta presión a algunos jueces de la Corte Suprema para que se manifiesten a favor de Ávalos, 3) la presencia de Inés Tello en la entidad creada por el lagarto, a pesar de que tiene 78 años, y 4) la filtración a IDL del informe en donde Tello recomienda abrir un proceso disciplinario a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, por quítame esta paja.

En una entrega anterior, me referí al doble estándar de la JNJ, recordando cómo destituyó a los exfiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, pero solo suspendió por 30 días al juez César San Martín.

Y otro caso palpable es la inercia de la JNJ para con Ávalos, a quien jamás se le investigó por sus 5 diplomados bamba, en una academia llamada Librejur, con los que consiguió convertirse en fiscal suprema ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. El periodista Kike Montenegro, del programa de Milagros Leiva, logró convertirse en un “especialista en derecho” tras pagar 370 soles por dos diplomados que nunca llevó. Lo contradictorio aquí es que la JNJ investiga a Benavides por presuntas irregularidades en sus títulos de maestría y doctorado en Alas Peruanas.

Si bien la caviarada hace que sus chillidos retumben en varios medios de comunicación partidarios del pensamiento woke, sus argumentos para defender al organismo lagarto son bastante austeros y hasta peligrosos.

Por ejemplo, la abogada neocomunista Beatriz Ramírez aseguró, sin sonrojarse, que el Parlamento no podía defenestrar a ningún miembro de la JNJ porque tenía baja aprobación. ¿Qué tiene que ver la alta desaprobación del Congreso, publicada en encuestas en las que ya nadie cree, con el cumplimiento de una prerrogativa estipulada en el artículo 157 de la Constitución? Bajo la tesis de esta tinterilla, entonces, el Legislativo debería ser cerrado por su impopularidad o el presidente de turno tendría que ser vacado porque a la mayoría no le cae bien. Eso se llama oclocracia; es decir, Ramírez anhela un Gobierno que haga caso a la muchedumbre y que quiebre, sin asco, el Estado de derecho. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad, reza el dicho acuñado a Oscar Wilde. ¿Qué pasaría si sometemos a plebiscito eliminar cualquier tipo de consultoría en todas las entidades del Estado? ¡Los caviares se quedarían pateando latas!

- Otrosí digo: Enhorabuena que el Congreso haya aprobado la norma que prohíbe que se use el “lenguaje inclusivo” en el Estado. Palmas también para la ministra de Educación, Miriam Ponce, quien ha anunciado que el Ejecutivo no observará dicha ley. Que los caviares retrasados sigan hablando como les dé la gana, pero ya no será una política pública este despropósito.

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