Las buenas intenciones del proyecto de la Constitución chilena

El día de hoy, el presidente de Chile, Gabriel Boric, debe recibir de manos de María Elena Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional conformada por 154 miembros, el texto de lo que podría ser la nueva Carta Fundamental de nuestros vecinos del sur, con miras a sustituir a la vigente, elaborada durante el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990).

Al respecto, debemos recordar que el punto de inicio de la voluntad política de un gran porcentaje del pueblo chileno fue la violencia social que comenzó el 18 de octubre de 2019, reclamando que la postergación injustificada de atención a las demandas de la mayoría del pueblo chileno exigía que se considere la necesaria y urgente elaboración de una nueva Carta Política que reemplace a la encargada de preparar por el dictador Pinochet.

La población chilena, por lo menos en su gran mayoría, entendía que “la culpable de todos sus males era la Constitución pinochetista”, en vigor desde 1980 hasta la actualidad. Sentimiento que posiblemente no había tomado en cuenta que con esa misma Carta Política gobernó y terminó su mandato Pinochet en 1990 y, con variadas modificaciones de adecuación al sistema democrático, se han producido siete periodos presidenciales, y que constitucionalmente se han venido sustituyendo sin interrupción.

Pues, durante esos más de treinta años de vigencia de la referida Constitución, inclusive han gobernado en dos periodos, no consecutivos, la Sra. Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echenique, ambos, de orientación ideológica distinta. Bachelet, presidenta de concepción socialista; y Piñera de tendencia liberal. En consecuencia, la pregunta que salta a la vista es: ¿qué hicieron ambos jefes de Estado en Chile, durante sus dos administraciones cada uno para mitigar la acción social por la desatención a sus agudos problemas de toda índole? La respuesta es obvia; no gestionaron su administración orientada a atender los reclamos de la ciudadanía.

Por lo tanto, nos encontramos que el origen de la mala administración de la cosa pública no está en la norma jurídica o Constitución, sino en la toma de decisiones; es decir, en la gestión de gobierno de la autoridad correspondiente.

El texto de la nueva Carta Fundamental chilena, la cual va a requerir ser legitimidad en el plebiscito que se debe llevar a cabo el domingo 4 de septiembre del presente año, originalmente contenía 499 artículos y, luego del trabajo desarrollado por la Comisión de Armonización, se quedó con 387 dispositivos, lo cual evidencia que no se aleja de la mala costumbre constituyente, de producir textos constitucionales extensos o reglamentistas.

Las últimas informaciones periodísticas que se vienen difundiendo en estos últimos días nos dicen que las encuestas ciudadanas señalan que ya se llegó al 51%, con tendencia a incrementarse, del sector de la población chilena que no está de acuerdo con darle su voto aprobatorio a esa nueva Constitución. Porcentaje este que refleja o afecta la gestión del presidente Boric, quien ha sufrido una reducción significativa en su apoyo popular, el cual llega hoy a 34% y que igualmente tiende a bajar aún más.

Encontrar una explicación del porqué se está produciendo este efecto en la opinión pública, nos lleva a recordar, sin necesidad de entrar en detalle, que las nuevos preceptos constitucionales contenidos en la Carta Fundamental que será sometida a consulta popular recoge, como la gran mayoría de las Constituciones de América Latrina y el Caribe, una serie de objetivos y metas por alcanzar, y que sintetizan las pretensiones del constituyente cuando trabaja una nueva Constitución pero de allí que se puedan hacer realidad en su aplicación, hay un gran distancia. Pues, las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, entre otras, no posibilitan su cumplimiento; es decir, la realidad no permite su ejecución, dando lugar a lo que se conoce como Constitución nominal (Carta Política que no rige ni tiene vigencia por haberse producido con base en realidades distintas).

Ese es el mal que acompaña también a lo que podría ser la nueva Constitución chilena. Las cual terminará siendo, como muchas otras Constituciones, solamente un conjunto de muy buenas intenciones y nada más.
Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia.

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