Lawfare: el indebido uso del Derecho

En democracia, la ley debe ser el instrumento que asegure la justicia y no una herramienta que se sirva de arma para amenazar o aniquilar al adversario político. Sin embargo, en los últimos años hemos visto actos que han dañado la esfera pública, envenenando el Estado de derecho y desnaturalizando los fundamentos de la justicia. Hablamos del llamado “lawfare” —o guerra jurídica— que es una estrategia política real que convierte al sistema judicial en campo de batalla y termina con el “sálvese quien pueda”.
La palabra lawfare proviene de la contracción de law (ley) y warfare (guerra), y fue acuñada por el general norteamericano Charles Dunlap Jr. en 2001. En su artículo “Law and Military Interventions” indicaba que los actores no estatales podían utilizar el derecho como una herramienta de guerra contra potencias democráticas. Como si fuera una paradoja, la concepción inicial se ha invertido; ahora son los propios actores estatales los que manipulan el derecho para fines políticos, muchas veces con el apoyo mediático para propiciar escándalo, distracciones y desgaste emocional de los involucrados. Todo ello con la complacencia de sectores del sistema judicial.
Este fenómeno ha sido descrito por autores como Baltasar Garzón (2019), quien definió el lawfare como “la utilización de los tribunales con fines de persecución política”, mientras que Luigi Ferrajoli lo calificó como “una instrumentalización degradante del derecho penal para eliminar opositores”. Estos hechos amenazan la libertad individual, el debido proceso y la institucionalidad republicana; el lawfare es un peligro que no puede ser subestimado.
No tratamos de justificar la corrupción ni blindar a los poderosos que realizan actos ilegales, sino más bien, de exigir que la ley se aplique con objetividad, neutralidad y en tiempos razonables. La justicia no puede ser fuente del espectáculo ni herramienta de demolición política.
Daremos unos ejemplos. En Brasil, el caso más paradigmático es el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018 fue condenado por corrupción y encarcelado en medio de un proceso que luego fue anulado por la Corte Suprema. El impacto político fue monumental: Lula quedó fuera de las elecciones de ese año, allanando el camino para la victoria de Jair Bolsonaro, y años después, reelegido, siendo el actual presidente.
En Argentina, la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner ha sido denunciada por diversos organismos como parte de una estrategia de lawfare, aunque los tribunales aún no se han pronunciado definitivamente sobre la legitimidad de esos procesos.
En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción, en un proceso que también ha sido cuestionado por su celeridad y falta de garantías. El resultado: líderes progresistas fuera del juego político no por votos, sino por resoluciones judiciales apresuradas y oportunas.
En el Perú, la figura del lawfare se insinúa en procesos como los seguidos contra expresidentes, candidatos o líderes políticos. No se trata de absolver a nadie, sino de exigir que la ley se aplique con equilibrio, sin que el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Congreso actúen bajo presión política o mediática.
Veamos el cuestionado caso de “Cocteles” de Keiko Fujimori. Ha enfrentado más de 3 años de prisión preventiva sin condena, en un proceso en que la acusación ha sido ampliada varias veces sin llegar a juicio. Más allá de las simpatías o antipatías, lo cierto es que la aplicación excesiva de la prisión preventiva y la prolongación indefinida de la etapa de investigación reflejan los vicios del lawfare.
Pero el lawfare no es exclusivo de la izquierda. También ha afectado a políticos de centroderecha o liberales que incomodan al statu quo. El uso político del derecho destruye la confianza en la justicia. ¡Tengamos cuidado!

(*) Abogado, docente universitario, consultor legal

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