Lawfare: la politización de la justicia
La combinación de la presión jurídica y mediática ha generado muchas injusticias, encarcelamientos innecesarios y la amenaza de renuncias de presidentes de Gobierno en varios países. Un término popular para describir esta situación es lawfare, que combina las palabras “guerra” y “ley”. Significa un riesgo para las democracias modernas al manipular la justicia, socavando la confianza y erosionando el Estado de derecho. Los especialistas aseguran que Latinoamérica es un laboratorio de lawfare debido al uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Se ha utilizado en el derecho penal como un arma para silenciar y criminalizar a los disidentes políticos, manifestándose en acusaciones infundadas de delitos graves, especialmente contra quienes representan una amenaza para el poder de turno.
Aunque el término lawfare aparece por primera vez en los años setenta para describir un conflicto en el que se utilizan leyes como armas militares, fue Charles Dunlap, un general norteamericano de la Fuerza Aérea, quien lo popularizó al mostrar cómo los sistemas judiciales pueden manipularse para alcanzar objetivos políticos. En los años previos a la pandemia, el Departamento de Justicia estadounidense estrechó sus vínculos con América Latina, con USAID jugando un rol activo en la reforma de los aparatos jurídicos. Durante ese periodo se conoció sobre el lawfare, aunque sus raíces se remontan a la antigüedad, su aplicación dentro de sistemas democráticos es una innovación preocupante.
En una democracia, se espera que las leyes protejan los derechos de los ciudadanos y que los jueces actúen como árbitros imparciales y sin sesgos ideológicos. No obstante, el lawfare implica un uso pervertido de las leyes para reprimir y eliminar a opositores políticos, comprometiendo la neutralidad del juez, lo cual amenaza la integridad democrática y la confianza en el sistema.
Según el libro “¡Bienvenidos al Lawfare!: Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal” de Zaffaroni, el Poder Judicial representa un espacio potente para desplegar estrategias de desestabilización y persecución política. Este poder, que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones y concursos, y que goza de privilegios únicos, puede operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. Además, bajo el pretexto de la lucha anticorrupción, se han revalorizado las “buenas prácticas” y “consultorías”, creciendo en el derroche técnico que justifica el combate a la corrupción. El modelo es calcado en varios países de América Latina y sigue un patrón de 3 elementos: 1) Reorganiza el aparato judicial: La élite clave ocupa el espacio técnico (abogados, jueces, fiscales) para atacar al adversario. 2) El doble rasero de la ley: Se elige sacar a la luz los casos de corrupción más convenientes desestimando otros. 3) Se atrinchera a los medios de comunicación: Operan un periodismo de guerra manipulando la opinión pública para magnificar algunos casos e invisibilizar otros, al tiempo que acusan de corrupción a todo el Estado.
Entre los casos más sonados, los agraviados provienen del progresismo de izquierda, normalmente del género femenino, incluyendo figuras como Alexandria Ocasio-Cortez en EE.UU., Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno Español, Sanna Marin en Finlandia, o en nuestra región, Francia Márquez en Colombia. En el pasado, los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil por la operación Lava Jato, Cristina Fernandez en Argentina y Keiko Fujimori en el Perú.
Mientras en nuestro país, Marita Barreto ha desplazado mediáticamente a Rafael Vela en el rol de héroe de la justicia, y las dinámicas entre Castañeda, Morán y Colchado continúan tensas y dudosas. Surge la pregunta de cuándo Dina Boluarte se unirá a las voces que han denunciado haber sido víctimas del lawfare.
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