¿Legalidad o legitimidad?: El dilema de la gobernabilidad

La sociedad peruana debe recuperar cuanto antes un equilibrio entre legitimidad y legalidad para darle gobernabilidad al país y salir del círculo vicioso de triturar presidentes al cual estamos sometidos los últimos años.
La legalidad y legitimidad en el ámbito político son como el ser y parecer en el ámbito de la comunicación. No existen uno sin el otro. En la comunicación, si el parecer no corresponde al ser (la realidad), la imagen no es sostenible en el tiempo. En la política, si la legitimidad (el respaldo ciudadano) no corresponde a la legalidad (la institucionalidad), el poder hacer que las cosas sucedan se debilita.
Tener equilibrio entre ambos aspectos es fundamental para darle gobernabilidad a un país. Pero si llevamos el desequilibrio al límite y convertimos en un deporte nacional destruir autoridades, el resultado será un escenario del cual cosechan quienes no creen en los Estados de Derecho, postulando anarquía y antisistema. ¿Cuál es el resultado del salto al vacío? El desgobierno como doctrina. Quienes promovemos democracias liberales debemos rechazar estas posturas y evitar que el poder caiga en manos autoritarias y despóticas. Esto no quiere decir que no seamos críticos con el abuso del poder. Pero tampoco abusar de la crítica sin sustento y de la fiscalización sin debido proceso.
Sostenemos por ello –en diversos foros de debate– que la baja popularidad de la presidenta Boluarte no debe llevarnos a pedir su vacancia o renuncia. ¡Es totalmente irresponsable! El reto es exigir a las autoridades mejorar los estándares de hacer política. El gobierno, por cierto, tiene un rol fundamental en retomar la confianza ciudadana, a través de acciones concretas que recuperen diálogo directo, toma de decisiones, políticas públicas que generen reactivación económica, simplificación administrativa, inclusión social en todo el sentido de la palabra e impacto real en la vida cotidiana del ciudadano.
Exigimos al gobierno un cambio de chip inmediato. Generar un shock de confianza ciudadana para que no siga sometido a la dictadura de la legitimidad y el parecer, lo que debilita su campo de acción. Las encuestas sirven para generar reacciones gubernamentales que nos lleven a pensar más allá del lugar común al que está acostumbrada la gestión pública los últimos 30 años. No para deprimirnos o enmudecernos. No para restarnos viada en el uso del poder. Al contrario. Las autoridades están obligadas a ejercer el poder que tienen al 100%. Ese es el mandato que les hemos dado cuando aceptaron el cargo político y gubernamental que ocupan hoy. Esa es su responsabilidad y deben cumplirla.

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