Legislando con los pies

¿Cómo se le ocurre al Congreso aprobar una amnistía tributaria por Insistencia? Es un tema en el que tienen que estar alineados con el MEF. Arista se opone sobre la base que se condonarían deudas de entre S/ 2,100 y S/ 3,600M, como consecuencia de regularizar rentas no declaradas hasta el 31 de diciembre del 2022, ingresos que nuestro país no se puede dar el lujo de perder. Son unos absolutos despistados. La SUNAT no tiene mayor capacidad de fiscalización de las rentas del exterior, aunque formen parte de la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Tributaria que permite el intercambio de información con más de 100 países la mayoría de grandes contribuyentes lo saben - y, pareciera una ley casi con nombre propio a la que solo se van a acoger algunos interesados, sino se cometen los mismos errores del pasado
Recordemos de que en línea con una política global impulsada por la OCDE, el 1 de enero del 2017 entró en vigor un régimen de amnistía tributaria, la misma que fue un absoluto fracaso. Solo se acogieron poco más de 7,000 contribuyentes con un ingreso para el Estado de US$350 millones, con el agravante que solo estaba dirigido a favorecer al sector formal que apenas alcanza el 30% del PIB. La consecuencia de una regulación incompleta, compleja y hasta contradictoria. Tanto la reglamentación de la ley como los formularios para viabilizar el proceso estuvieron disponibles meses después, cuando la situación política de PPK estaba complicada. Si hoy el MEF es el gran opositor de esta amnistía, le dará largas al Reglamento y no verá la luz jamás.
Teóricamente es un mecanismo muy eficaz para recaudar. La amnistía tributaria impulsada por Milei en la Argentina el pasado mes de julio fue un éxito, afloraron millones de dólares que se encontraban ocultos ante el temor de medidas confiscatorias del gobierno Kirchnerista. La estabilidad política es clave para que el proceso sea un éxito. Con este gobierno y un futuro electoral incierto, nadie se atreverá. A más inri, existe absoluta desconfianza respecto de la capacidad de SUNAT para guardar información sensible y confidencial y, por último, será necesario probar la legalidad del origen del dinero declarado y, con el precedente de que casi cualquier cosa es lavado de activos en el Perú, nadie se va a exponer. Voces expertas como el doctor Rafael Inurritegui sostienen que premia a los evasores reincidentes y crea una política de incentivos para los incumplimientos, lo cual es absolutamente cierto; puede convertirse en un modus vivendi fiscal muy ventajoso.
Además, la SUNAT ha demostrado incompetencia. Celebra como un gran logro que entre el 2020 y el 2024 se incautaron 1200Kgs en barras de oro por un valor de US$68M de empresas que no pudieron sustentar documentariamente el origen lícito del dicho metal, cuando ello es nada comparado con la magnitud de los volúmenes que se manejan: el Perú exporta el 44% del oro ilegal de Latinoamérica, alcanzando un máximo histórico de US$6,840M en el 2024.
La frontera con Bolivia es la meca del contrabando, una absoluta coladera, con rutas y mecanismos cada vez más sofisticados. Las autoridades aduaneras no pueden o parecieran no querer cortar esa lucrativa cadena de suministro, sin embargo, se afecta a los productores locales, por ejemplo, en el caso del cemento y alimentos provenientes de Bolivia, como a los propios bolivianos por generarse escasez de productos de primera necesidad. Arce ha desplegado 8,000 militares a los puestos fronterizos para intentar coadyuvar a las autoridades aduaneras y reducir el contrabando.
Hay que fortalecer a la Administración Tributaria para mejorar la recaudación; la amnistía es a todas luces el peor camino: mal precedente y peores resultados.

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