Legitimidad de la muerte cruzada en Ecuador

En vista de que el pasado domingo 20 de agosto, día de las elecciones, se presentaron problemas en el sistema informático para ingresar a la plataforma electrónica que se había habilitado, lo cual impidió que la mitad de los 123,851 ciudadanos ecuatorianos, residentes en el extranjero, previamente inscritos para votar, no pudieron hacerlo; el pasado viernes 25, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en su sesión del pleno, además de aprobar el resultado de las elecciones presidenciales anticipadas y las consultas populares, luego de haberse culminado con el escrutinio en las 24 provincias ecuatorianas, acordó acoger la solicitud de nulidad de la votación en el exterior, por el sistema denominado “el voto telemático”. Razón por la cual, en fecha aún no definida (que puede ser el 15 de octubre, en la que se llevará a cabo la segunda vuelta para la elección presidencial), se realizará la nueva votación, únicamente para asambleístas nacionales en el exterior, cuya representatividad es a través de 6 curules que se encuentran por cubrir.

Pero, especial comentario merece la aplicación del artículo 148 de la Constitución del 2008 del Ecuador, por parte del presidente Guillermo Lasso, cuando decretó la disolución de la Asamblea Nacional, dando lugar al adelanto del término de su período, así como también el de la presidencia, que hoy se conoce como la “muerte cruzada”; y, obligando a que se produzca un adelanto de elecciones legislativas y presidenciales, las cuales se llevaron a cabo el pasado domingo 20 de agosto. Elecciones estas que se realizaron con normalidad, a pesar de los lamentables sucesos que antecedieron al día de la votación, tal como lo comenté en mi columna de la pasada semana.

Si bien participaron ocho candidatos a la presidencia, en compañía de sus correspondientes postulantes a la vicepresidencia, lo cierto es que, hasta prácticamente el mismo día de las elecciones, según las encuestas, la única candidatura que aparecía podría ganar en primera vuelta o, con seguridad pasaba a la segunda, era la candidata del correísmo (Revolución Ciudadana), doña Luisa Gonzáles, quien integraba la fórmula con Andrés Araúz (anterior candidato a la presidencia).

Y, con relación a la candidatura del segundo mejor ubicado, las encuestadoras se equivocaron totalmente, pues, ninguna pudo calcular el que Daniel Noboa, candidato de la Acción Democrática Nacional, termine siendo quien pase a competir en segunda vuelta por el sillón presidencial, constituyéndose en un verdadero 'outsider'.

Asimismo, había una información periodística que decía que el partido del candidato Villavicencio, asesinado días antes del acto de la votación, se encontraba en segunda posición. Hecho que no era cierto, ya que este se encontraba en la posición cinco de las encuestas. Pero, como en política la victimización también puede resultar ser favorable, el candidato que lo reemplazó, Christian Zurita, terminó tercero en el conteo de votos, con un 16.34 % de la votación.

La candidata Gonzáles obtuvo el 33.62 % de votos y Noboa, un poco lejos, con el 23.41 %; lo cual significa que, entre alguno de los dos está quien ocupe la presidencia de la república del país hermano del norte, por un periodo sumamente corto, ya que será para completar el que todavía está vigente, y que termina en el 2025.

En todo caso, lo que debe motivar a la reflexión en los países de esta parte del continente es que, constitucionalmente la República del Ecuador, encontró la fórmula de que alto nivel de ilegitimidad que tiene el presidente Lasso y que, igualmente, tenía el Congreso ecuatoriano, termine en manos del pueblo la posibilidad de que se recupere esa legitimidad que en política es necesario que sus autoridades tengan para encontrar un mejor camino para solucionar sus problemas internos.

En consecuencia, la llamada 'muerte cruzada' ecuatoriana, en este caso, termina siendo un buen mecanismo para contribuir a que el sistema democrático funcione, sin dar oportunidad a que aparezca la oclocracia, como la democracia de la muchedumbre expresada en las calles, que es la que genera la violencia política, indeseable, en lugar de hacer que sean las urnas las que se pronuncien para poner las cosas en su verdadero lugar.

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