«Ley del perro muerto»

El reciente dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, conocido como “ley del perro muerto”, ha suscitado una serie de controversias y críticas, en especial por su aparente enfoque en beneficiar a un club deportivo específico, Universitario de Deportes, en detrimento de otros actores económicos y el erario público. La aprobación de este dictamen, que busca extender la protección concursal para clubes de fútbol hasta por 35 años, plantea serias interrogantes sobre la equidad y justicia en la aplicación de las leyes concursales en Perú.
Uno de los puntos más criticados es la personalización de la ley para favorecer a Universitario de Deportes, un club con una deuda que bordea los 500 millones de soles. La postura del congresista Carlos Anderson, quien votó en contra del dictamen, resalta un aspecto crucial: las leyes con nombre propio atentan contra el principio de igualdad ante la ley. Anderson argumenta que la medida no solo desvirtúa el orden establecido en materia concursal, sino que también desincentiva la inversión privada al alterar las reglas de juego y entrometerse en conflictos entre privados. Esta intervención no solo afecta a empresas y acreedores, sino que también implica un impacto directo en las arcas del Estado.
La deuda que Universitario mantiene con entidades como la Sunat y la constructora Gremco añade una capa de complejidad al asunto. José Gamarra, abogado de Gremco, expone cómo la aprobación de este tipo de leyes perjudica a los acreedores y al Estado, evadiendo el pago de obligaciones legítimamente adquiridas. La deuda reconocida por la Corte Suprema, que asciende a 58 millones de dólares, es un claro ejemplo de cómo las decisiones legislativas pueden poner en entredicho la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
El dictamen no solo propone la extensión del plazo para el pago de deudas, sino que también introduce un cronograma escalonado de hasta 35 años para las deudas más elevadas. Esta medida diluye significativamente las obligaciones financieras de los clubes, permitiéndoles “hacerse los muertos” para evitar la verdadera quiebra. Tal es el caso de Sport Boys, otro club que podría beneficiarse de la ley, cuya deuda alcanza los 14 millones de soles. Esta laxitud en la normativa no solo perpetúa la insolvencia de los clubes, sino que también crea un precedente peligroso para el manejo financiero y la responsabilidad empresarial en el país.
La preocupación de Gremco y otros acreedores ha llevado a presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que la ley vulnera derechos constitucionales y humanos, particularmente de los acreedores laborales. La notificación de la CIDH al Estado peruano marca un hito en la lucha por la justicia y la equidad, evidenciando que las decisiones legislativas no pueden pasar por alto los derechos de aquellos a quienes se les adeuda.
En conclusión, la “ley del perro muerto” no solo favorece a Universitario de Deportes de manera injusta, sino que también establece un precedente negativo para el manejo de la insolvencia económica en el país. La intervención del Congreso en beneficio de actores específicos, a costa de otros acreedores y del erario público, debe ser revisada y rectificada para garantizar la equidad, la justicia y la confianza en las instituciones peruanas. Es imperativo que las leyes concursales se apliquen de manera uniforme y justa, sin privilegios ni excepciones, para asegurar un entorno económico saludable y confiable.

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