Ley Mordaza o amedrentamiento a los fiscales
Son inherentes a las personas, no necesitan ser reconocidos como tales, nacen con ellas, me refiero a los derechos fundamentales de libertad de expresión, de prensa y el de estar informado, piedras angulares de la “Democracia”, por eso es deber de todo ciudadano, indistintamente su condición, defender a capa y espada su ejercicio irrestricto, repeler toda sombra o medida que pudiera restringirlos o afectarlos. Este sería el caso del proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo que “crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, que sanciona hasta con cuatro años de carcelería efectiva a quien sea hallado culpable. El impulso de esta iniciativa legislativa generó alertas y protestas de la ciudadanía e instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS, la ANP, el Colegio de Periodistas del Perú, entre otros; y es que no podía ser para menos, porque si lo analizamos usando la metodología del “costo-beneficio” para medir su impacto en la sociedad, deduciríamos que quien se beneficiaría más en esta coyuntura es el actual gobierno, donde muchos altos funcionarios y el propio jefe del Estado con parte de su entorno familiar, afrontan investigaciones en el seno del Ministerio Público y el Congreso de la República.
El controvertido proyecto, rápidamente bautizado como la “Ley Mordaza”, tendría como beneficiario final a quienes están en el poder, a quienes gobiernan, los cuales echan mano a sus prerrogativas de iniciativa legislativa para promover normas con “nombre propio”, lo que está proscrito por la Constitución, se entorpece o alarga la actuación de los magistrados, apartando de cargos sensibles a funcionarios que no son útiles a su causa como el caso del ex procurador general Daniel Soria, según lo afirma el abogado penalista Roberto Pereira.
Aunque los planetas se alineasen y el Congreso diera luz verde a esta ley, estoy convencida que el Órgano de Control de la Constitucionalidad de las leyes, el Tribunal Constitucional la terminará derogando porque simple y llanamente “nació muerta”, colisiona con derechos humanos que son universales, conforme lo digo al inicio de esta columna, más allá del verso que quieren vendernos, de que buscan proteger a los testigos bajo reserva, la presunción de inocencia de los investigados, etc.
Lo más grave es que en el supuesto que esta norma no apuntara a amordazar a la prensa de investigación en su labor de fiscalización, entonces estaríamos ante un arma de “amedrentamiento” contra los fiscales que dirigen la acción penal y sobre sus hombros la carga de la prueba, porque serían denunciados y eventualmente condenados a carcelería efectiva si un acucioso periodista obtiene sin revelar su fuente, primicias del avance de las investigaciones, convirtiendo a estos magistrados en “guachimanes” del personal con quien trabajan, con esta ley podrían afrontar destitución del cargo, con el peligro de la caída de plazos procesales y el riesgo que eso conllevaría. ¡No pasará!
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