Libertad de prensa en peligro
Los actos de hostilidad del gobierno frente a la prensa son preocupantes. Van, cada día, en aumento. Es frecuente ver a personal de seguridad del presidente Pedro Castillo o de sus ministros zarandear a los periodistas que acompañan a estos funcionarios públicos en busca de una declaración que sea noticia o en el deseo de reportar los actos públicos de dichos personajes. No hay día en que los hombres y mujeres de prensa no sean empujados y apartados con violencia del círculo de dichas autoridades con la finalidad de evitar que cumplan su cometido de informar. Y ya no sólo son los elementos de seguridad. Ahora se ha visto que los propios trabajadores de la oficina de prensa de palacio de gobierno se encargan de obstaculizar ese trabajo de los periodistas.
Todo esto que viene ocurriendo es alarmante, porque esos actos no se condicen con el ejercicio democrático del poder. En una democracia, la libertad de información es respetada con extremada pulcritud, tal como dispone no sólo nuestra Carta Constitucional, sino la jurisprudencia internacional sobre la materia, como se señala, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptada por nuestro país. Este hecho parece ignorar el presidente Castillo y su entorno más cercano. O actúan por ignorancia violando las normas existentes sobre libertad de prensa e información o, simplemente, no les interesa lo legislado sobre la materia y asumen conductas autoritarias que preocupan sobremanera a estas alturas, pese a que sólo ha transcurrido dos meses de asumido el gobierno.
La libertad de información es un derecho fundamental que el gobierno está en la obligación de proteger y respetar. Ésta ha sido resultado de un largo proceso que se fue consolidando en la segunda mitad del siglo XX junto con los derechos humanos. Es un derecho que está consagrado en los principales instrumentos jurídicos que los Estados elaboran y ratifican, incluyendo el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Como se puede advertir, la legislación es frondosa. Pareciera haberse inaugurado una novísima po“Frente a todos estos hechos el Colegio de Periodistas de Lima condena de la manera más enérgica todo tipo de agresiones y actos hostiles contra periodistas y comunicadores y exige al gobierno rectificar sus pasos, así como garantizar el cese inmediato de cualquier acto de violencia contra el periodismo libre e independiente que solo busca informar a los peruanos sobre lo que ocurre en el país”, ha señalado.
Luego advirtió al gobierno en los siguientes términos: “De persistir esta errónea actitud de intimidar y obstaculizar el trabajo de los periodistas, nuestra Orden advierte al gobierno que implementará otras medidas de protesta para hacerse oír, incluyendo la eventualidad de recurrir a instancias internacionales a fin de preservar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información en el Perú”; la relación prensa-gobierno no es pues de las mejores. No debemos olvidar, que la libertad de información y de expresión son baluartes de suma importancia que requieren especial atención y cuidado para que una democracia se fortalezca. Recuerde señor presidente y señores ministros: El poder es efímero.
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