Libertad, la diadema a proteger

Este verano, una ola de calor inusual abraza a los ciudadanos españoles. Este es el hecho. Una parlamentaria ha impulsado un proyecto de ley mediante el cual propone crear una oficina pública encargada de mitigar los efectos de las altas temperatura. [Fuente: YouTube) ¿Con más burocracia es posible paliar efectivamente un impacto de la naturaleza? ¿El aporte de esa oficina es tan particular, especializado y creativo que las otras dependencias ejecutivas del supremo gobierno, inmóviles, solo atinen a contemplar cómo actúa? Ironías aparte. Este episodio revela la carta marcada con la que siempre juegan los colectivistas y/o socialistas cuando enfrentan una situación crítica o cuando intuyen una solución. En todos los casos, eligen al Estado como rector, promotor, ejecutor y contralor, porque se tiene la convicción de que es el ente que “todo lo puede”: pensar por, reemplazarnos, marcar la ruta y hasta como se debe caminar. En muchas latitudes –incluso entre los países que se proclaman democráticos– los gobiernos están enrollando cual alfombra nuestras libertades. La pregunta es ¿a cambio de qué? y ¿para qué? Difícil dar una sola respuesta y encima atinada, porque con el Estado, la relación de intercambio no prospera; peor todavía, en un país como el nuestro en que prima lo individual y los grupos con agenda propia, en esta situación, el ciudadano está desprotegido y a la intemperie… y el gobierno de turno termina imponiéndose.

Desde hace un par de décadas, encaramarse al poder –a través de las urnas- se ha convertido en un medio poderoso para, desde allí, acoplar e imponer la ideología que los sostiene –sin importar la realidad del país y la opinión de los no votantes en las urnas-; o lucrar del aparato estatal y del sistema democrático, en provecho de los intereses del partido y de la cúpula, olvidando –aposta– la finalidad principal de gobernar buscando el bien común; con lo cual, esa administración termina por desviarse palmariamente de su principal función, y comete una grave injusticia con los ciudadanos al no brindarles lo que les es debido. El ciudadano espera que sea conducido –respetando sus derechos– con un propósito de mejora personal y social.

Un país no se detiene. Su movimiento inercial impera a un Ejecutivo autorreferencial a tomar medidas operativas como “para mantener el fuego activo” y trasmitir la imagen de promotor del desarrollo. Lo suyo no va por allí. Imponer una ideología implica ir cerrando espacios de libertad –hoy en día la tecnología contribuye con eficacia a ese fin– con controles o apropiaciones de la iniciativa y responsabilidad de los ciudadanos en la solución de sus problemas. Cuando pretende imponer una antropología o tipo de ciudadano, recurre sin pudor a las leyes, reglamentos y multas.

La libertad es la diadema que se tiene que proteger social e institucionalmente. La prudencia aconseja que fortalecer la familia y las instituciones intermedias es el camino para defender la libertad. Además de denunciar los atropellos, se tiene que “agremiar” la sociedad. Desarticulados somos presa fácil de gobiernos autorreferenciales.

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