Lima dispuesta a enfrentar la corrupción

El principal problema de la corrupción es que le cuesta en calidad de vida a la población que la padece. Hace una semana, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, describió, paso a paso, los mecanismos de corrupción empleados desde la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, en el caso específico de la instalación de los tristemente famosos peajes de Rutas de Lima, empresa a la que él se refiere como “Ratas de Lima”.

Durante su mensaje a la ciudadanía, enfatizó en que, los días previos, había estado negociando con una empresa corrupta y que le ofrecería una compensación para que se retire del Perú. En caso de no llegar a un acuerdo con la empresa, la Municipalidad de Lima procedería, según le faculta la ley, por la vía penal.

A estas alturas, luego de que Susana Villarán aceptara haber recibido dinero, destapándose toda la corrupción de su gestión, es inevitable preguntarnos por qué esos peajes siguen funcionando.

El que el Estado no haya podido revertir judicialmente este trato, siendo tan claras las circunstancias, con exfuncionarios presos por corrupción y con la declaración incriminatoria de la principal implicada, deja mucho que desear de nuestros funcionarios, servidores públicos, y de los operadores de justicia, y lleva a pensar que la corrupción está enquistada en todo nuestro sistema público.

Lo que sucedió en la gestión de Villarán, además de ser un delito que debe ser perseguido sin tregua y requiere de una reparación y sanción ejemplares a las empresas responsables (lo que extrañamente no parece suceder en Perú), implica algo lamentable para nuestra sociedad, una especie de traición a la ciudadanía, pues ella llegó al sillón municipal con un discurso de lucha contra la corrupción; lo que desprestigia a la política como actividad.

El mensaje que ha dado el actual alcalde de Lima es importante, pues es una muestra de transparencia política en tiempos en los que Perú afronta un alto desprestigio de la democracia, y donde los tratos bajo la mesa que perjudican a la población parecen ser la norma, por lo cual, por lo menos de manera momentánea, debería repercutir en un fortalecimiento de la imagen política del alcalde.

Sin embargo, tomar la vía legal, que es la única posible en el mundo moderno, puede tomar tiempo, y ese tiempo implicará un desgaste natural para el discurso de la municipalidad: si las cosas no pasan pronto, se genera la sensación de que no pasarán nunca. Pero al final, por lógica simple, que es la lógica jurídica, Lima le ganará a todo lo que haya sido hecho mediante corrupción, incluso, si es necesario, en un fuero internacional; no se necesita pensar demasiado para entender que, si algo se firmó en un contexto de corrupción, todo lo acordado es inválido, nulo.

A pesar de esto, como sociedad, debemos estar preparados para afrontar una guerra prolongada contra los estragos que causó la corrupción del gobierno de Susana Villarán, pues, aunque fue aceptado que hubo corrupción, revertir el mal que se hizo contra todos los peruanos requiere de procesos y mecanismos, gracias a los cuales nos mantenemos en un Estado de Derecho, algo que muchas veces puede ser mal utilizado por criminales y poco comprendido por el grueso de la sociedad.

Aún con los problemas que puedan traer estos procesos establecidos, mientras no se mejoren, son el marco que sirve de filtro para evitar que la sociedad colapse y unos (muchos o pocos) se impongan y anulen a otros.

Desde la ciudadanía, si no queremos seguir viéndonos afectados por criminales que juegan con nuestras vidas, es imprescindible enfrentar la corrupción, y lo expuesto por el alcalde de Lima la semana pasada, debería llevarnos a reflexionar respecto de qué tan complacientes somos con esa corrupción que conocemos tan bien, que nos mira directo a los ojos y nos cobra cupo por vivir en nuestras ciudades, y a la cual, además, alimentamos coimeando, comprando robado, no pagando impuestos y todo lo negativo e ilegal que hemos normalizado como sociedad.

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