Lo hecho conocer por el Gral. (r) Hurtado Jiménez
El 13 de mayo de 1988, aproximadamente 200 terroristas emboscaron dos vehículos militares que iban a Huancapi (Ayacucho), falleciendo un Capitán del Ejército y tres soldados. Los subversivos tuvieron 4 bajas que quedaron en el lugar y otras que los terroristas se llevaron con ellos.
14 o 15 días después, rastreando a los terroristas, nuestro ejército tuvo, alrededor de Moyopampa, dos enfrentamientos con ellos en los que murieron (oficialmente) 18 senderistas y un número no determinado que los subversivos enterraron en otro lugar.
El alcalde de Huamanga y algunas ONG nacionales y extranjeras le informaron a la opinión pública que “en una masacre indiscriminada nuestro ejército había desaparecido el poblado de Cayara”. Con esta irreal información se inició una campaña periodística y psicosocial que hizo creer que nuestro ejército había cometido un genocidio.
Ante esta irreal información, el 19 de mayo de 1988 designan al Fiscal Superior Provisional de Loreto para que se encargue de la investigación de los hechos, y el 13 de octubre de 1988 emite un informe dando validez a las denuncias, concluyendo, sin investigar a los terroristas autores de la emboscada, que había motivos denunciar a nuestros soldados. Los actuados pasaron a la fiscalía Provincial que resolvió, el 24 de noviembre de 1988, archivar el proceso.
Paralelamente, el Gobierno Peruano nombró una Comisión de Notables que viaja al lugar de los hechos, que constató la exageración de los mismos y una comisión del Congreso de la República presidida por el senador Carlos Enrique Melgar, un año después, determinó que no se habían producido los excesos denunciados.
El 12 de mayo de 1989 se confirmó el sobreseimiento en su última instancia. Igualmente, la Inspectoría General del Ejército, concluyó el caso determinando la inexistencia de los hechos denunciados.
En 1989, el nuevo Fiscal Provincial por disposición del Fiscal de la Nación reinició las investigaciones, y el 23 de enero de 1990 archivo definitivamente el caso declarándose consentida y ejecutoriada porque no fue impugnada.
El 3 de febrero de 1993, el Caso “Cayara” fue archivado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión Interamericana había violado el ordenamiento procesal que debió tener la demanda a nuestros soldados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 11 de agosto del 2023, después 35 años de haber ocurrido los hechos, la justicia peruana declara culpables a los militares que participaron en esa operación militar exitosa.
Contundente realidad sostiene que la seguridad que deben tener nuestros soldados de que serán juzgados con justicia es más importante que la seguridad que debe tener el derecho de propiedad.
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