Lo peor no ha pasado, ministro Oliva
En una inolvidable declaración, el ministro de Economía, Carlos Oliva ha dicho que “lo peor ha pasado”, refiriéndose a la suspensión del paro en Arequipa, sin avizorar que a pesar de la controvertida decisión presidencial de suspender la licencia del proyecto Tía María (una inversión de 1,400 millones de dólares que daría empleo a 9 mil personas en su fase de construcción), ayer turbas organizadas provocaron actos de violencia en la ceremonia conmemorativa del aniversario de esa ciudad.
Olvida el ministro Oliva, asimismo, que la paralización de esas actividades suceden en otros lugares del país: Conga, Cajamarca,(4,800 millones de dólares de inversión); Río Blanco, Piura, (2,500 millones de dólares); Las Chancas, Apurímac, (2,800 millones de dólares); Las Bambas, Apurímac,(10 mil millones de dólares) y ahora Quellaveco, Moquegua, (5,300 millones de dólares).
Los especialistas estiman que los proyectos afectados por la oposición de pobladores azuzados por grupos radicales antimineros, alcanzaría 30 mil millones de dólares y, de no superarse los impasses subsistentes, el fisco y las regiones no percibirán importantes ingresos indispensables para construir escuelas, hospitales y carreteras. Además, verían afectados miles de puestos de trabajo, en circunstancias que en el último trimestre la producción nacional registra el peor resultado de los últimos 10 años y que cifras oficiales del INEI indican un incremento del desempleo. El último reporte de la Defensoría del Pueblo también es preocupante, porque señala que existen 93 conflictos sociales activos, de los cuales 62 corresponden al sector minero y 17 a hidrocarburos, situación agravada por el desarrollo de un paro indefinido en el corredor minero del sur (Cusco-Apurímac), donde turbas organizadas bloquean carreteras y enfrentan a la policía nacional.
Esta crisis ocurre en momentos que se agudiza la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, estimulada por el propio presidente Vizcarra, que gobierna al impulso de las encuestas; cuando el principio de autoridad ha sido socavado y las instituciones que sustentan el Estado de Derecho se encuentran enfrentadas, como sucede con el Poder Judicial y el Ministerio Público; cuando fracasó el Consejo para la Reforma de Justicia (ni un postulante aprobó la prueba) y las leyes de reforma política están hibernando porque el propio gobierno se ha encargado de sabotearlas al pretender que ahora los legisladores violen la Constitución adelantando elecciones presidenciales y parlamentarias.
En un ambiente de creciente inseguridad; con partidos políticos disminuidos; con filtración de muchas ONG y medios de comunicación de videos, grabaciones y correos provenientes de carpetas reservadas de fiscales y policías; con un sector de la prensa empeñado en estimular la confrontación entre peruanos, al mismo tiempo que tóxicas redes sociales alientan el odio, difaman y ofenden a quien les venga en gana, el buen ministro Oliva nos dice que “lo peor ha pasado”. No, lo peor está sucediendo, y lo que puede venir es, simplemente, catastrófico, sino hacemos un gran esfuerzo impedirlo trabajando concertadamente, dentro del marco constitucional.
