Lo que significaría salir del sistema Interamericano de Derechos Humanos

Basta ver la larga lista de sentencias en casos contenciosos que tiene el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (somos el Estado con el mayor número de condenas), decisiones en las que se declara su responsabilidad internacional, además de los casos en trámite, para apreciar la importancia de este órgano judicial supranacional en la protección de los derechos humanos en la región. Estos derechos, a nivel nacional, han sido desprotegidos en todas las instancias judiciales, ordinarias y constitucionales, durante varios años.
A pesar del posible sesgo ideológico que pueda existir en cualquier Corte, incluidos los órganos del sistema interamericano, los estándares fijados por la Corte han permitido mejorar la protección y optimización de derechos de diversa índole. Este tribunal ha emitido sentencias sobre derechos procesales, como la defensa efectiva, el juez imparcial, la presunción de inocencia, el plazo razonable, entre otros. También ha fallado sobre derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la libertad personal, la igualdad ante la ley, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como la seguridad social y la estabilidad laboral. En este contexto, dos casos paradigmáticos contra el Perú son el de Lagos del Campo (2017) y el de La Oroya (2023).
Renunciar al sistema interamericano no se justifica únicamente por el hecho de que algunas decisiones no correspondan a la realidad nacional o puedan chocar con valores morales, religiosos o culturales. El margen de apreciación nacional, invocado por cualquier Estado parte, permite una adaptación progresiva a estos cambios. De hecho, solo se adoptan en el derecho interno aquellos criterios que aseguren una protección más efectiva.
El Estado peruano, al formar parte del sistema interamericano, asumió compromisos que permiten a sus ciudadanos una protección que trasciende el ámbito nacional. Si bien pueden existir sesgos ideológicos, la salida del sistema afectaría gravemente a todos los peruanos que podrían encontrar en ese nivel una esperanza de justicia. En lugar de una retirada, la posición nacional debería ser la de proponer reformas que fortalezcan el sistema, incluidas mejoras en la elección de magistrados o límites claros en su competencia, así como optimizar la defensa del Estado en litigios.

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