Los alumnos primero

El cierre de la legislatura ordinaria nos ha traído todo tipo de sorpresas, algunas desagradables como la aprobación de la norma que autoriza el nombramiento, con el enorme gasto que significa para el Estado, de los miles de maestros con más de tres años de contratación acumulables, sin que participen en una competencia de méritos para obtener una plaza estable, previamente presupuestada por el Estado.

Obviamente, ese proyecto de ley no ha sido debatido ni dictaminado por la Comisión de Educación, ni ha sido concertado con el Ministerio de Economía; es fruto del populismo izquierdista más extremo, acérrimo enemigo de la reforma educativa iniciada contra viento y marea durante el segundo gobierno de Alan García, y que fuera continuada a trompicones en el gobierno de Ollanta Humala, pues era evidente que elevar la calidad de la educación pública era vital para concretar el derecho a la educación de los niños y el principio de igualdad de oportunidades, para que ningún joven esté impedido de desarrollar su intelecto y su proyecto de vida, por el solo hecho de carecer de dinero para pagar el alto costo que tiene la calidad en cualquier sector, incluso en la educación.

Se espera que el Congreso obtenga la mayoría necesaria para la insistencia, y que, una vez promulgada la ley, sea demandada ante el Tribunal Constitucional, quien decidirá su validez jurídica. En ese momento, no importarán las necesidades políticas de los grupos extremistas que representan a lo peor de nuestra sociedad, sino los principios y valores contenidos tanto en la Constitución como en la jurisprudencia uniforme y pacífica del TC respecto a la carrera magisterial.

Está dicho por el supremo intérprete que el sistema educativo no tiene como finalidad primordial dar trabajo a los licenciados en pedagogía, sino concretar el principio de igualdad de oportunidades brindando una educación de calidad a los alumnos; en otras palabras, cabe limitar el derecho al trabajo si se trata de proteger el derecho a la educación; antes los alumnos que los docentes.

No hay presupuesto ni sistema que reemplace la (in)capacidad de un maestro en su aula, por tanto, incentivar a que los docentes se capaciten continuamente para lograr el ingreso a la carrera magisterial como estable, es ya parte de nuestra Constitución material. En plena tormenta política, este tema ha expuesto a la centro derecha y a la centro izquierda que, dentro y fuera del Parlamento, optan por la defensa de la calidad en educación y tienen noción de lo que es verdaderamente importante, ellas deberían alternarse democráticamente en un futuro pacto de punto fijo.

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