Los conflictos en el Perú y el populismo

Desde hace varios días vienen siendo titulares en los medios de comunicación de nuestro país los diversos conflictos que afectan el funcionamiento de la actividad minera, en la cual se sustenta un gran porcentaje de la economía nacional.

Según estadísticas que se vienen dando a conocer, existen más de 80 conflictos en los que se encuentran comprendidas empresas dedicadas a este rubro y que, por el desencuentro entre la posición de las mismas, sus trabajadores, y la casi inacción efectiva de la autoridad gubernamental para poder hacer frente a los bloqueos de carreteras, ha traído como consecuencia el cierre de operaciones de algunas dedicadas a esta importante actividad económica.

Es innecesario comenzar a detallar las diversas razones que, de uno u otro lado, se han dejado escuchar para defender los particulares puntos de vista, de quienes se consideran con capacidad y derecho de dar su opinión a este respecto. Pero lo que sí es necesario destacar es la desafortunada opinión del propio ministro de Energía y Minas quien, en una entrevista periodística, manifestó que a veces es necesario que se permitan los bloqueos frente a la “intransigencia de las empresas”.

Este comentario del titular de la cartera ministerial, en lugar de poner paños tibios al conflicto, termina por producir una mayor agudización en el enfrentamiento entre el empresariado minero y el personal que labora a su servicio, sin dejar de tomarse en cuenta, inclusive, a la población que vive en la misma localidad donde desarrollan sus actividades de extracción y explotación las empresas mineras.

No deja de ser preocupante que, después de muchos días sin haber participado y orientado la mejor forma de resolver el conflicto, por ser ella su responsabilidad, ahora el Poder Ejecutivo “evalúa” el desalojo de los manifestantes que bloquen a Las Bambas; es decir, a estas alturas del problema y luego de que ya se decidiera el cierre de operaciones por parte de la referida empresa minera, recién la autoridad (léase, Ministerio del Interior), está viendo el cómo y por dónde comenzar a trabajar para buscar una solución al problema.

Problema que no es únicamente laboral, sino que, igualmente, afecta lo social, en cuanto a los trabajadores y sus familias, en particular a la satisfacción de sus necesidades, al no poder encontrar los recursos dinerarios suficientes, en vista de que la empresa que le provee de ellos está inoperativa.

Si consideramos que la actividad minera, especialmente la formal, es la que contribuye en gran medida al funcionamiento de nuestra economía, es fundamental, necesaria y obligatoria la intervención del órgano administrador del Estado para buscar la solución más rápida y oportuna, que satisfaga las expectativas del empresariado, del personal que trabaja en esta actividad, así como de las familias que habitan en el lugar donde se desarrolla esta actividad.

Por cierto, ello no significa que, de la misma forma, también deben intervenir otros órganos estatales, como el Congreso y la Defensoría del Pueblo para, dentro del marco sus responsabilidades, contribuyan a procurar encontrar solución a los conflictos.

Por informaciones que los entendidos en esta materia nos han hecho conocer, como es el de manejar la información que en estos momentos existen 50,000 millones de dólares que futuros inversionistas mineros están dispuestos a trabajar en el Perú, nos permite deducir que los empresarios en este rubro están a la espera de que se estabilice, además de nuestra situación política, el factor económico, acompañado de una verdadera seguridad jurídica. Evitando así un clima de incertidumbre para el inversionista nacional y extranjero.

Por lo tanto, es necesario exhortar y exigir a quienes manejan la administración de la cosa pública que dejen de lado los comentarios populistas, los cuales producen expectativas sin fundamento, produciendo mayor desconcierto del que ya lo tenemos en casi todos los sectores de la administración pública y, en su lugar, actúen con mayor responsabilidad e idoneidad.

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