Los cuellos rojos de José Domingo Pérez
Una de las historias más conocidas del escritor estadounidense Edgar Allan Poe refiere cómo un hábil detective recupera una carta muy importante que había sido robada. Todos los intentos por recuperarla habían sido infructuosos. Sin embargo, el detective, a partir de un razonamiento simple, deduce cómo habría pensado el ladrón y encuentra la carta.
¿Cuál fue el razonamiento? Que es habitual que las personas busquemos algo que se encuentra delante de nuestros ojos, pero nunca habíamos reparado en ello. En este caso, efectivamente, la carta se encontraba a la vista de todos, camuflada entre otros objetos.
Si hay un concepto que ha sido y es utilizado hasta el hartazgo en nuestro país es el de “organización criminal”. Se aplica por igual a un puñado de ladrones, una banda de extorsionadores, políticos que buscan influir en las decisiones judiciales, magistrados que quieren influir en decisiones políticas e incluso un jefe de Estado que mal trajeado con un sombrero ridículo delinque desde la Casa de Pizarro.
Sucede que en la Municipalidad Metropolitana de Lima hemos tenido a la señora Susana Villarán al frente. Su gerente general confesó hace años que solicitó dinero a empresas brasileras con el conocimiento de su jefa. La señora Villarán ha admitido que eso sucedió.
Coincidencia o no, resulta que por esa misma época la señora Villarán modificó los contratos de los peajes celebrados con Odebrecht y estos fueron prorrogados y además se incrementó el monto a pagar. Todo un quid pro quo.
En esta maraña abyecta hay una jefa de campaña en contra de la revocatoria a Villarán (Anel Townsend) y regidores (Augusto Rey, Marisa Glave y otros) que participaron en la negociación con la corrupta firma brasilera. Y nadie los ha llamado a declarar.
Paralelamente, una abogada que funge de periodista radial se convirtió en una tenaz defensora de la señora Villarán. Puso las manos al fuego por ella. La investigación judicial determinó que una conocida firma de comunicaciones se había prestado aparentemente a ser parte del esquema ideado por los corruptos brasileros y uno de sus periodistas fue involucrado.
La novela no termina allí. Sucede que Jaime Villanueva, el operador político que estaba incrustado en el Ministerio Público, ha afirmado que esa periodista radial intercedió a favor del periodista en cuestión. Ella lo ha admitido. Pero el hecho parece no tener relevancia penal porque hasta ahora, que sepamos, no se ha iniciado una investigación.
Dos últimos datos que son de extrema importancia. Uno, que de por medio en esta historia hay diez millones de dólares que los brasileros han admitido que entregaron a Susana Villarán. Dos, el fiscal encargado de la investigación es el señor José Domingo Pérez. Sobran los comentarios.
El hecho es que la señora Susana Villarán no es investigada como presunta cabeza de una organización criminal. Cuando ella era alcaldesa de Lima hubo gente que negoció y obtuvo prebendas de los brasileros, otros se encargaron de limpiar su imagen en los medios y se presume que alguien administró esa descomunal suma de dinero.
Pero el fiscal Pérez, tan acucioso en otros casos, tuvo la desfachatez de poner el allanamiento de la casa del periodista, por disposición del fiscal Reynaldo Abia, como una muestra de supuesto abuso de poder. ¡Cuando él es el llamado a investigar los hechos!
Todo esto me hace recordar que Susana Villarán confesó a su ex colaborador Gabriel Prado, ambos del Instituto de Defensa Legal (IDL), que “alguien que sabe de estas cosas” le había advertido que los funcionarios de Odebrecht la iban a delatar. Y con esto el círculo se cierra.
En el Perú estoy seguro que seguiremos utilizando el concepto de “organización criminal” por mucho tiempo. Pero luego de este apretado recuento yo creo saber cómo opera una organización criminal. Le sugiero al fiscal José Domingo Pérez que busque una denominación para ella.
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