Los diez días que estremecieron a Dina

Pocas veces se ha visto la transformación camaleónica de un político en tan poco tiempo como la que ha experimentado Dina Boluarte desde que asumió la presidencia. Y su mutación ha sido en público.

Todos la han visto metamorforsearse, desde el papel de una suplicante mujer andina, que pedía paz a sus “hermanos” y prohibía a la Policía Nacional defenderse de las turbas violentas enviándolos desarmados al sacrificio, hasta la enérgica mandataria que se exhibe al lado de jefes militares en atuendo de combate y califica con gruesos epítetos a esos mismos “hermanos”.

Bien por ella y por el país. Sin duda la exigencia del comando militar y policial, que demandaba medidas indispensables para controlar la ola de violencia desatada por los secuaces de Pedro Castillo, y su propio instinto de sobrevivencia han jugado un papel en esa mutación.

No obstante, la demora y la vacilación de Boluarte han tenido un precio muy alto. Más de una veintena de muertos, cientos de heridos, destrucción de instalaciones y cientos de millones de soles en pérdidas. A lo cual hay que sumarle las mermas futuras. Por ejemplo, el efecto sobre el turismo en el Cusco –y en todo el país-, es devastador. Esa industria, de la que viven muchísimos peruanos, ha sufrido un golpe demoledor por culpa de la pandilla que llegó al poder con Castillo y que ahora está dispuesta a incendiar al país para tratar de recuperar la posibilidad de seguir saqueando el Estado. Y de evitar acompañar al cabecilla de la banda a la cárcel.

Todo eso pudo reducirse drásticamente si Boluarte hubiera permitido que las fuerzas del orden actúen de inmediato para sofocar la revuelta al inicio.

Como bien ha señalado el general EP (r) César Astudillo: “la proporcionalidad es un concepto empleado por los azuzadores, para manifestar que debe existir esta proporcionalidad entre las fuerzas del orden y los terroristas, nada más absurdo. Los terroristas emplean armas letales (…) No pretendan que las fuerzas del orden se mantengan impávidas ante la agresión. Si han sido advertidos y le están pidiendo reiteradamente que se retiren, a lo que responden con agresión” es su responsabilidad y de los azuzadores, incluyendo a los que están en el Congreso, lo que ocurra.

Por eso, demandar que las fuerzas del orden los enfrenten desarmados, como ha pedido la Defensoría, o exigir que se investigue y sancione a militares y policías que han hecho uso legítimo de sus armas, como reclaman los caviares, es intentar, nuevamente, paralizarlos y propiciar la continuación del caos y la violencia.

Por ahora se ha controlado la asonada provocada por las pandillas expectoradas del gobierno, pero en cualquier momento volverán a intentarlo. Y no se vislumbra ninguna salida política razonable.

Se requieren soluciones radicales.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.