Los enemigos del Perú tienen nombre propio
El principio de SEGURIDAD JURIDICA – si, en mayúsculas - es indispensable para promover la inversión privada, es la columna vertebral de cualquier sistema de promoción. Resulta esencial confiar en las decisiones del Estado y que los actos administrativos sean estables y predecibles, vale decir, que estén blindados contra el oportunismo o la especulación que siempre buscan vulnerar el imperio de la ley.
En abril pasado, la Comunidad Campesina San Andrés de Negritos Cajamarca) presentó una demanda de amparo, exigiendo la restitución de 14mil hectáreas de terreno superficial donde se encuentran concesiones mineras válidamente otorgadas en favor de Yanacocha, sobre la base de un supuesto despojo por parte del Estado para favorecer a la minera, además de alegar que en su oportunidad – de 1991 a 1995 – no se llevó a cabo la Consulta Previa para obtener el consentimiento de la comunidad.
La gran pregunta es porque el Perú se adhirió al Convenio 169 de la OIT en febrero de 1994, durante el primer gobierno de Fujimori, a sabiendas que complicaría la inversión, especialmente de las industrias extractivas, cuya privatización estaba siendo tan exitosa y rentable para el Perú. ¿Mal asesorado? ¿Cómo un acto simbólico, a sabiendas que sin ley y reglamento – que recién se dieron durante el gobierno de Humala, sería inaplicable? Se dice de que buscaba legitimarse internacionalmente luego del autogolpe y por presión de ciertos organismos financieros del exterior. En todo caso, considero que fue un grave y peligroso error, en absoluta incongruencia con la potente legislación que se promulgó previo al exitoso proceso de privatización.
En la década de los noventa, sobretodo en el primer quinquenio, Fujimori se vio en la obligación de crear un marco legal absolutamente atractivo para la inversión, que incluía estabilidad jurídica, tributaria y cambiaria. Un fallo en contra de Yanacocha haría que Newmont, como accionista principal, acuda al CIADI alegando violación de los contratos de garantía, exponiendo nuevamente al Estado peruano a un impacto patrimonial y de reputación. La comunidad internacional lo percibiría como un país conflictivo y poco confiable. Al final, me temo que terminaremos conformándonos con la inversión china, que tiene otras prácticas y términos de negociación.
Del PJ se puede esperar cualquier cosa, la incertidumbre y la politización de las controversias es la regla, en especial cuando los abogados de la accionante son el IDL. Es conocida su estrategia de sabotaje a la legalidad. Revertir los efectos de un acto administrativo de hace más de 30 años no solo sería inaceptable, sino que sentaría un nefasto precedente para las industrias extractivas formales del país. Al final, seguramente buscarán negociar una generosa reparación económica aprovechando de que el precio de los minerales está por el cielo, pero ¿quién la asume? En principio, le correspondería al Estado, el gran garante, pero mas rentable y fácil es exprimir a la satanizada empresa privada. Será una bomba de tiempo para el próximo gobierno.
Hagamos memoria. Entre el 2006 y el 2011 se vivió un prolongado ciclo alcista de los commodities con precios récord del cobre, oro, plata y zinc. El PBI creció en promedio 7%, uno de los más altos de Hispanoamérica y la pobreza monetaria tuvo una reducción histórica del 48% al 27% en cinco años, beneficiando a 10M de peruanos. Naturalmente hubo una mayor recaudación fiscal que permitió financiar programas sociales como Pensión 65 y Cuna Mas.
La Izquierda no lo soportó. La campaña contra Conga se origina en esas fechas. Necesitan mantener viva la miseria para fortalecer su discurso de lucha y sobrevivir políticamente. Manipular a la gente ignorante para atentar contra la inversión privada y el crecimiento del país es un acto de traición que solo fortalece ese perverso círculo vicioso de pobreza y que abona en favor de la informalidad/ilegalidad que nos consume. Doble responsabilidad de los enemigos del país.
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