Los enredos del hombre araña

Las investigaciones de la Fiscalía parecen apuntar a Pedro Castillo, quien habría tejido una red de corrupción en la que estarían enredados su esposa, algunos cuñados y sobrinos, junto a ministros que mantuvo durante varios gabinetes, quienes habrían involucrado a diversas autoridades provinciales que recibieron oportunos fondos públicos para la realización de importantes obras, en las que presuntamente se coludieron para adjudicar licitaciones que favorecieron a empresarios “amigos” de la familia presidencial.

Desde hace unas semanas se ha comenzado a corroborar todo lo que la prensa independiente denunciaba desde el inicio de este gobierno. Personajes que habiendo estado involucrados en delitos de corrupción, se han acogido a la colaboración eficaz y para evitar ir a prisión han preferido delatarlos proporcionando valiosa información que confirmaría que este grupo de forma organizada, haciendo uso y abuso de un poder que nunca antes tuvieron, se habría aprovechado de la necesidad de cientos de familias peruanas para lucrar ofreciendo, en alejados centros poblados, obras de servicios de saneamiento básico a sus viviendas, a través de licitaciones que aparentemente fueron adjudicadas sin respetar los procesos.

Quién podría cuestionar a la fiscal de la Nación cuando viene demostrando que habría corrupción alrededor del círculo cercano de Pedro Castillo. Los testimonios de Bruno Pacheco, Hugo Espino y su hermana serán corroborados, pero parecen irrefutables y ratificarían la tesis del Ministerio Público que el gobernante podría liderar una organización criminal.

Como es costumbre Castillo se victimiza por los grilletes que, por sus propios actos, podrían lucir pronto sus familiares por acción de la justicia que parece renacer en nuestro país.

La fiscal Benavides ha anunciado que mantienen conversaciones con el abogado de Juan Silva, exministro de Transportes, quien esta semana podría entregarse o ser capturado. Si Silva fuera aceptado como colaborador eficaz, la justicia podría terminar atrapando en sus propias redes a Pedro Castillo, lo que haría insostenible su permanencia en Palacio de Gobierno.

Vemos con agrado que la señora fiscal de la Nación, a diferencia de su antecesora, se muestra comprometida en la lucha contra la corrupción. Además, parece tener el coraje suficiente y haber acumulado las pruebas necesarias que le permitirían demostrar, al finalizar la investigación, que Pedro Castillo no es inocente. Esto podría concluir en la presentación de una denuncia constitucional contra el gobernante.

Nos preguntamos, ¿alcanzará el tiempo para hacerlo? Las evidencias que vienen aportando los colaboradores eficaces podrían ser el insumo que necesitaban los congresistas de oposición para conseguir los votos que requieren para la vacancia por incapacidad moral permanente. Esto evitaría que el proceso se dilate y Castillo, acorralado por la justicia, pueda verse tentado a cerrar antes el Congreso, tomando el nombre del pueblo para justificar tan perverso e inconstitucional acto.

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