Los estados de emergencia y de sitio no sustituyen a una mala gestión

Lo que debe ser temporal o transitorio termina siendo una muy mala costumbre de hacerlo permanente; como es el caso del Estado de Emergencia decretado en varias localidades de nuestro territorio nacional que, por decisión gubernamental, se aplica para hacer frente al incremento incontrolable de la ola delincuencial que mantiene en permanente zozobra y desconcierto a miles de personas que las obliga a tener que cambiar de conductas y/o costumbres.
De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional vigente, modificado por la Ley 31988, en su artículo 137 se consagra el Régimen de Excepción, como una excepcionalidad constitucional, por cuanto afecta el ejercicio de algunos derechos fundamentales; para el efecto, dos son los regímenes que se institucionalizan para poder hacer uso de ellos, por parte del “Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros”, siempre que se produzcan las condiciones señaladas en el referido dispositivo constitucional.
Se decreta el Estado de Emergencia “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación” y se puede decretar el Estado de Sitio, “en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan”. Es decir, estas son las condiciones que tienen que presentarse a fin de que el Jefe de Estado esté habilitado para poder decretar cualquiera de los referidos regímenes de excepción.
En consecuencia, es imprescindible que cualquier decisión de parte del primer mandatario tiene que sujetarse al dispositivo constitucional vigente; por lo que la evidente angustia que tienen algunas autoridades municipales y regionales, como aquella que se deriva del último nefasto acontecimiento en la ciudad de Trujillo, no puede dar motivo a que se solicite que se decrete el Estado de Sitio en la región de La Libertad, cuando lo que se ha evidenciado es la mala gestión de las autoridades que continúan sin actuar planificadamente y en forma decidida.
Pues, el aumento de los actos delictivos en el Perú no es únicamente por la ineficacia de la labor judicial y del Ministerio Público, o de la autoridad policial, sino principalmente por la forma de cómo se viene manejando la administración del Estado, principalmente desde el Poder Ejecutivo, del cual depende directamente el ejercicio del poder político, el cual debe estar orientado a proveer de condiciones suficientes que permitan que los integrantes de la estructura social perciban que el bien común, como finalidad del Estado, es la fuente de inspiración de quienes toman las decisiones en procura de un verdadero bienestar general.
Es inaceptable que, por la insuficiencia (en número y de calidad) de los recursos logísticos con que se ha dotado a la Policía Nacional, además de la falta de recursos humanos, en cantidad requerida por la realidad, el personal policial, que tiene a su cargo la preservación del orden interno, se vea expuesto a tener que luchar contra las bandas delincuenciales, sin las condiciones que le permitan asegurar buenos resultados, no exponiendo su propia vida, como a la que se vieron expuestos, en estos últimos días, efectivos policiales que fueron asesinados cuando se encontraban defendiendo a la población peruana.
Pasan los días, semanas, meses y, tal vez, años, y seguimos estando “informados” de las estadísticas que nos muestran el alto índice de inseguridad en el que estamos viviendo, así como los reiterados “diagnósticos” de los especialistas en la lucha contra la criminalidad; pero siempre nos faltan las propuestas concretas que permitan comprobar que estamos caminando en la dirección correcta para revertir la inseguridad que nos está ganando terreno.
En lugar de gastar tanto dinero del erario nacional en actividades populistas y viajes innecesarios e infructuosos, esos recursos dinerarios deben estar orientados a incrementar el número de efectivos policiales, dotarlos de la logística necesaria, procurar mejorar su preparación profesional, así como también, de una vez y con la rapidez que el caso requiere, construir centros penitenciarios alejados de los centros urbanos, con las condiciones adecuadas que garanticen la no fuga de los detenidos.
No olvidar que, por encima del derecho humano de los delincuentes, está el derecho humano de sus víctimas.

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