Los fugitivos

Fatal la situación del presidente Pedro Castillo que sus más cercanos colaboradores y familiares se hallan en condición de prófugos de la justicia, sindicados como integrantes de una presunta banda criminal, cuya cabeza, según presume la fiscalía, alcanza al mismísimo jefe de estado, quien se resiste a ser investigado, arguyendo gozar de inmunidad, mientras esté en el ejercicio del poder. En efecto, el ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el sobrino del mandatario, Fray Vásquez y el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, uno de los más protegidos por el presidente Castillo, han preferido pasar a la clandestinidad, lejos de dar la cara a la justicia y responder por los delitos con los cuales se los vincula.

Y pensar que el profesor Pedro Castillo hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera de campaña electoral, con la cual logró captar la atención de los ciudadanos y conseguir los votos que lo habrían de llevar a la casa de Pizarro. Y no sólo en la campaña, sino después de ella, cuando ya ungido presidente de la República, continuó repitiendo el libreto monotemático de luchar contra la corrupción del pasado y presentarse, él mismo, como un político diferente, honesto y limpio, sin ánimo de caer en las garras de la corrupción, según suele decir en sus presentaciones públicas por el interior del país.

La actitud esquiva y huidiza de sus sobrinos, su ex secretario de palacio y de su amigo Juan Silva, que han preferido escapar de la justicia, y el silencio con el cual, el propio mandatario, suele “enfrentar” las sindicaciones de actos, virtualmente corruptos y de connotación penal, no le hacen ningún favor a la imagen del jefe de estado, y no sólo a él, sino a la institucionalidad de una democracia, lo que es peor. Nadie que votó por él imaginó, seguramente, que tendríamos que atravesar, en muy poco tiempo, por el calvario de la incompetencia, la improvisación y el desorden en el manejo de la cosa pública, sin visos de corrección, ni voluntad de aprendizaje.

Es inconcebible pensar que el exministro Juan Silva haya desaparecido de las narices de la policía luego que se supiera que pesaba una orden de detención preliminar contra él por el caso del puente Tarata y de pertenecer a una presunta red criminal encabezada por el presidente Castillo, a juicio de la fiscalía. ¿Cómo se explica que el exministro del MTC, para quien la fiscalía dispuso, la noche del 27 de mayo, hacer videovigilancia, no pueda ser hallado por la policía, pese a que esta institución confirmó este hecho, en un comunicado público? Según la PNP, la tarea fue encargada a la Dirección de Inteligencia, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción, tan pronto recibieron el pedido, pero no pudieron encontrarlo y, no obstante ello, “se continuó con esa disposición”.

Sin embargo, extrañamente, días después, el ex titular de Transportes se presentó, presencialmente, en dos programas políticos, uno en radio y otro en la televisión, sin que la policía haya mostrado eficiencia en su trabajo de seguimiento. También se supo, por un reporte televisivo, que al exministro se le retiró su resguardo personal con efectivos de Seguridad del Estado, a su pedido y “por motivos personales”, pese a que ya existía contra él una orden judicial de detención preliminar. Hay, sin duda, responsabilidad política al más alto nivel y el ministro del Interior deberá explicar sobre lo sucedido. Para ello, este funcionario, fue citado por la comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Así están las cosas.

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