Los inocentes presos e invisibles

Nuestra niñez siempre será la población más vulnerable, que requerirá siempre de la presencia del Estado, más allá de si están en situación de abandono o de extrema pobreza. Los niños siempre serán prioridad para la administración estatal y por lo tanto, dependen del cuidado, guía y protección de sus padres o tutores. Pero ¿qué sucede cuando los padres están encerrados en un centro penitenciario y ellos permanecen con sus madres en la cárcel y no tienen familia que se haga cargo? Muchos hogares separados por el delito, pero también por la poca capacidad de un Estado que no puede emprender estrategias asertivas para hacer que la cárcel no se convierta también en su prisión invisible.

Al mes de febrero de 2023, existen 97 niños a cargo del INPE: 55 varones y 42 mujeres, la mayor concentración se encuentra entre las edades de 0 a 2 años tanto en el caso de varones como en el caso de mujeres, quienes muchas veces no tienen acceso a la educación y a servicios de salud pediátrica. Otra situación de especial protección son las mujeres en estado de gestación quienes también se encuentran privadas del servicio de salud perinatal o incluso postnatal, pero además de servicios de salud mental, tan necesarios para garantizar a los menores de edad un ambiente libre de violencia. No olvidemos que el TC en el 2019, exhortó a la autoridad penitenciaria y al Ministerio de Salud a elaborar un protocolo para detectar y tratar a un interno que sufre de alguna enfermedad mental y así brindarle la asistencia necesaria; esto se hace imprescindible cuando se trata de una madre privada de su libertad al cuidado de su recién nacido.

En atención a las reglas de Bangkok y conforme al interés superior del Niño, la duración de la estancia penitenciaria así como las condiciones carcelarias no deben impactar en el desarrollo integral del menor de edad, por lo que el Estado ha asumido el compromiso internacional, a la luz de los tratados y convenios suscritos, de implementar los ajustes razonables en favor de la niñez que permanece en los centros penitenciarios con la finalidad de no privarlos de sus derechos básicos y no afecte su proyecto de vida.

No está demás contemplar medidas a favor de los hijos de reclusos condenados a largas condenas y que al ser su única familia ya no pueden hacerse cargo de ellos por lo que una alternativa a considerar sería su rápida inserción en el sistema de adopciones el cual debería tornarse eficiente para su atención prioritaria.

El Estado no debe ser indiferente a su gran responsabilidad y debe trabajar de manera articulada a favor de la niñez. Es momento de impulsar una política pública que tenga por centro de sus acciones a estos inocentes presos e invisibles que deben pagar con su libertad los delitos de sus padres.

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