Los señores de la OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha demostrado, en repetidas ocasiones, su proclividad edulcorante para lavar la cara del presidente Pedro Castillo a quien recibía como víctima por su condición de origen campesino, maestro de escuela rural, indefenso mandatario de precario lenguaje.
Entonces, que el Consejo Permanente de la OEA haya expresado su respaldo al gobierno de Castillo, activando, casi en simultáneo a lo solicitado por el mandatario, la Carta Democrática Interamericana, no llama la atención de su celeridad y más aún que Almagro se haya pronunciado a través de sus redes sociales, estar a favor de la decisión que tomó el Consejo Permanente, indicando que está a disposición del gobierno peruano para brindarle apoyo y cooperación con gestiones que busquen “fortalecer el sistema democrático”.
¿Qué es la Carta Democrática Interamericana? Es un documento que contiene 28 cláusulas para garantizar la institucionalidad en los países que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos, el Perú. Fue aprobada el 2001, durante la Cumbre de las Américas de Quebec. El objetivo fue defender y preservar la democracia, sobre todo, allí donde ésta corría peligro, debido a evidentes muestras de una “ruptura democrática” con violaciones a los derechos humanos y de las libertades, así como la falta de independencia de los poderes del Estado.
¿Ello ocurre en el país? ¿Por qué el mandatario decidió recurrir a la OEA invocando la aplicación del artículo 17 del documento que establece que un país podría “solicitar asistencia (de la OEA) para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”? ¿Existe el peligro de una “ruptura democrática” en el país? Nada de eso. Lo que ocurre es que, según se comenta, el presidente se encuentra en un callejón sin salida debido a la contundencia de elementos acusatorios que ha levantado los fiscales que lo investigan como líder de una supuesta organización criminal y que él niega.
La Fiscal de la Nación ha formulado ante el Congreso una denuncia constitucional basado en criterios de convicción que la llevan a sostener que el presidente estaría inmerso, como líder, dentro de una organización criminal. Sobre esta denuncia, hay voces encontradas, unos señalan que es inconstitucional por contravenir el artículo 117 de la Constitución, otros opinan que la misma, es correcta, al enmarcarse dentro de las convenciones que sobre corrupción han suscrito organismos internacionales y que tienen como fin evitar la impunidad de los altos dignatarios de los países firmantes. El Congreso tendrá que decidir el camino correcto. Toda esta actividad se viene realizando ejerciendo cada quien sus facultades constitucionales. Claro está que lo ocurrido mantiene en vilo a la población que ve con estupor lo que viene acaeciendo en nuestro país, que no merece pasar por este trance.
La OEA acordó, a través de su Consejo Permanente, enviar una delegación para que venga al país, tome conocimiento de la realidad y “ayude a fortalecer la institucionalidad democrática” a través del diálogo. Estamos seguros, que encontraran un país sumergido en serios conflictos, pero que los mismos no pueden llegar a entenderse como la posibilidad de una ruptura democrática, habida cuenta que los poderes del Estado y organismos autónomos, vienen actuando dentro del marco constitucional que impera en el Perú.
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