Lucha por el poder
Es por todos conocido que el estado de postración al que llegan las instituciones del Estado se produce cíclicamente porque jamás en el liderazgo nacional, tal vez con un mínimo de excepciones, ha existido una visión de futuro y un trabajo en el presente para construir esa visión de manera coherente, a bajo costo con mucho beneficio, pero dentro de severos parámetros de honradez.
Normalmente el estado de postración viene con una corrupción desbocada cuya persecución va diluyéndose en la impunidad que el paso del tiempo genera.
El problema es que, estando todas las instituciones en tan deplorable situación, nadie asume su responsabilidad ante la población, eligiéndose el fácil recurso de impulsar a ésta contra los enemigos o rivales que controlan otras instituciones, en cuya virtud nunca se encontrará una solución de consenso para salir de esas crisis que nos hacen tanto daño, porque, al final, prevalece un grupo sobre otro mediante la entronización de algún autócrata que termina utilizando la democracia como soporte de una nueva dictadura.
En una guerra de esta naturaleza ya no se percibe gobierno, la economía se enfría, crece la demanda laboral pero no hay puestos de trabajo suficientes, la pobreza incrementa los ya tremendos problemas sociales preexistentes y la delincuencia toma el control de las calles con un reinado insolente, agresivo y arrogante, lleno de ferocidad que termina generando en la población el efecto de alarma, terror y zozobra que el terrorismo quiso utilizar en su tiempo para la toma del poder.
Si miramos desapasionadamente lo que está ocurriendo hoy en el país, es ya casi evidente la intención del Ejecutivo de eliminar del espectro político al aprismo y al fujimorismo, contra cuyos integrantes se ha echado a andar el sistema de justicia, siendo la cereza del pastel el cierre del Congreso para cortarles toda posibilidad de retorno y de designación de miembros de las principales instituciones del sistema de justicia.
Mientras, la Junta Nacional de Justicia está pendiente de designación y nada garantiza que allí no se imponga el favoritismo. Tampoco que una vez integrada, sus miembros no obedezcan directivas para evaluar jueces y fiscales, no ratificarlos, destituirlos, designar nuevos magistrados, nombrar al jefe del Reniec y demás etcéteras. Sin embargo, la Comisión de Reforma del sistema está presidida por el presidente de la República. Ahora, la torta en disputa es el Tribunal Constitucional.
