Luchemos contra las cifras de la vergüenza

Los cargos de elección popular han resultado ser una vía rápida para que los delincuentes lleguen al poder. Los partidos políticos exprés, sin ideología ni lealtad, se han convertido en el vehículo más eficiente y “legítimo” para lucrar del Estado.

La política es un negocio rentable y salir elegido es como ganarse la lotería. No hay rendición de cuentas por omisión o mala gestión. No solo recuperan en nombre propio y de su mecenas todo lo invertido en la campaña sino tienen largos años para participar en todo tipo de negociados, hacer lobbies, y enriquecerse.

Cerca de 8,000 autoridades subnacionales elegidas desde el 2002, están vinculadas a actos de corrupción, con el agravante de que no necesariamente son personas honestas a las que el poder ha pervertido sino candidatos podridos que esquivaron todos los filtros de los entes electorales. Delincuentes de origen que compran votos, presionan electores y utilizan cualquier medio para ganar.

Los peores son los congresistas. El repudio popular que se refleja en la bajísima aprobación en las encuestas, no les importa; el desprestigio está asumido como un pasivo que se compensa con años de abuso, desenfreno y tarjetazo. Existe lejanía entre la labor parlamentaria y las necesidades reales de la gente.

La semana de representación es una farsa, son vacaciones pagadas para que asistan a actos protocolares y homenajes. No hay ninguna vocación de servicio. Los informes los hacen tarde, mal y nunca. Sin duda hay excepciones, pero desafortunadamente gestiones de excelencia como la de Adriana Tudela, por ejemplo, se diluyen en este laberinto de deshonra y corrupción.

Lo ocurrido la semana pasada en la Comisión de Ética y luego en el Pleno es vergonzoso, un blindaje inaceptable. Hay mucho por investigar y la Fiscalía está en ello, sin embargo, por la naturaleza del cargo y las graves consecuencias que generan sus delitos, los congresistas deberían ser intachables y al menor indicio de corrupción, desaforados. 120 días de suspensión es una pena diminuta, no les hace ni cosquillas en el costo-beneficio.

Y por supuesto, son unos llorones, expertos en victimizarse, invocando que las acusaciones se elaboran sobre la base de investigaciones periodísticas que los convierten en títeres de la prensa. ¡Ningunas marionetas! La prensa es el “perro guardián” de toda sociedad, tiene la obligación de incomodar al poder, aun con carácter persecutorio, y cuidar la salud democrática.

Los miembros de la Comisión de Ética deberían ser impolutos, pero es difícil conformarla en un Congreso donde la honorabilidad de la mayoría de sus miembros es cuestionada. Rosío Torres de APP acaba de ser retirada por cobrar cupos a los trabajadores de su oficina. Todos tienen algún tapadito, alguna moneda de cambio. Por ello, adhiero la propuesta de García Belaunde, para que la comisión sea reemplazada por un Consejo de Ética conformado por gente de prestigio ajena a la labor parlamentaria.

Gran parte de la culpa la tenemos los electores que no castigamos el mercantilismo político. No le damos ninguna importancia a los candidatos al Congreso, no averiguamos su pasado y trayectoria profesional. Nos resultan irrelevantes, no los respetamos. Generalmente por pereza marcamos a los dos primeros de la lista o hacemos voto cruzado cuando vemos alguna cara bonita (bastante excepcional) o algún logo llamativo como pasó con el Frepap en las elecciones congresales del 2020.

Necesitamos una reforma política urgente antes de las próximas elecciones. Hoy con estas autoridades electorales, con decenas de partiduchos y vientres de alquiler, con candidatos con vocación de tránsfugas y una oposición desunida, iríamos derechito a un nuevo suicidio, con el riesgo que salga elegido un Castillo reloaded que, de la mano del Gallo Zamora, nos lleve a un régimen comunista sin escalas. Muchísimo por hacer aún.

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