Lula, el mafioso

Lula da Silva ha proyectado su entraña mafiosa al otorgar salvoconducto a la señora Nadine Heredia de Humala, violentando principios rectores establecidos en la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954.
Dicho tratado precisa que, si bien es potestad de cualquier Estado conceder ese beneficio, el artículo tercero establece un límite claro al señalar que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas”. Lula, por supuesto, hizo caso omiso de esta disposición y otorgó asilo a la señora Heredia, quien ha sido condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, tras haberse comprobado que recibió dinero ilícito del gobierno venezolano de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht.
¿Qué podía hacer el Perú? Entregar el salvoconducto, ya que así lo establece el artículo 36 de nuestra Constitución, que indica: “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el Estado asilante...”. No obstante, también era posible emitir un firme pronunciamiento cuestionando la decisión brasileña, por contravenir normas expresas del Convenio de 1954. No debimos callar. El silencio diplomático, lejos de ser prudente, debilita principios y valores de nuestra política exterior. Confunde a la ciudadanía y genera legítimas protestas de académicos, analistas y políticos, además de los desconcertados ciudadanos.
Tampoco sería incompatible con sus funciones jurisdiccionales que el Poder Judicial se pronuncie sobre este caso, pues ha sido burlado un proceso con sentencia en primera instancia, que tomó años de investigación, involucró a 220 testigos, 15 peritos y 1,196 documentos.
En Brasil, los cuestionamientos a Lula han sido contundentes. Sergio Moro, senador y exmagistrado del caso Lava Jato, sostuvo que la decisión “refleja el estándar moral del gobierno de Lula”. Otros calificaron el hecho como “una vergüenza nacional”. El diputado Carlo Jordy afirmó que Lula “protege a sus aliados del crimen” (EC, 17/04/2025).
Asimismo, Iván Slocovich, director del diario Correo, manifestó que Lula “es el patriarca de esa organización criminal dedicada a sobornar autoridades y políticos mediante empresas constructoras como una forma de ganar licitaciones irregulares y expandir el socialismo del siglo XXI en la región”.
Por su parte, una nota del diario O Estado de São Paulo rechazó el asilo y concluyó que “después de exportar corrupción, ahora Brasil también exporta impunidad”. Más adelante, advierte: “Los corruptos de toda América Latina ya saben dónde refugiarse de la justicia de sus países, no precisamente porque son inocentes o perseguidos políticos: basta ser amigos de Lula”.
Resulta evidente que los sectores de izquierda del hemisferio conforman una cofradía que se protege mutuamente. Gobiernos como los de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras y México guardan silencio ante las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos, torturas y el éxodo de ocho millones de personas, según informes de la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y la Corte Penal Internacional, que califica esos crímenes como de lesa humanidad.
La Convención Americana de la OEA y la Convención de la ONU contra la corrupción, ambas suscritas con entusiasmo, han quedado como papeles mojados. Los firmantes de tales compromisos hoy eluden pronunciarse.
Así se cierra otro capítulo de concertación con los delitos y la consiguiente impunidad de sus responsables y cómplices.

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