¿Luz al final del túnel?

La valiente Denuncia Constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo tiene, por lo menos, tres áreas en la que puede ser útil a la causa de lograr que el mandatario deje el Palacio de Gobierno por lo establecido en las 7 carpetas fiscales que se le han abierto y que no continúe haciendo daño al país. La primera de ellas es la legal, la segunda es la política, la tercera es la de proveer de sólidos argumentos para una eventual suspensión o vacancia del mandatario. En relación a lo primero, como era previsible, han surgido diferentes posiciones en relación a lo informado por la fiscal Patricia Benavides, que van desde los que opinan favorablemente hasta los que la descartan. Hay quienes opinan que no ha habido un cambio constitucional, sino que una norma del mismo rango se contradice con el artículo 117. Por lo que la norma más reciente (la Convención de las NN UU) debería prevalecer sobre la precedente. Mientras que otros discrepan, afirmando que el 117 es claro y que si se quisiera incluir otras causales se debió modificarlo. Lo que con 66 votos y un referéndum se pudo haber conseguido, pero se optó por no hacerlo. Lo anterior es lo que se tiene que discutir en el Congreso.
De otro lado es indudable que la labor de la Fiscalía ha debilitado significativamente a Castillo. No solo porque ha enviado a prisión preventiva a diversos colaboradores cercanos y a familiares del mandatario, sino que varios de ellos se han acogido a procesos de colaboración eficaz, mientras que otros están viviendo a salto de mata como prófugos de la ley, cerrándose cada vez más el círculo de la justicia. Lo más preocupante es que frente a la Denuncia Constitucional el Gobierno solo ha atinado a renovar sus ataques contra la fiscal de la Nación y sus colaboradores más cercanos, intensificando la labor de obstrucción de las investigaciones, y acusando de intentar perpetrar un golpe de Estado, etc.; pero no he escuchado un solo argumento para rebatir el tema de fondo, la acusación de corrupto a Castillo a través de su organización criminal.
Asimismo el deterioro internacional de la imagen del mandatario y su gobierno es cada vez más intenso. Y con las investigaciones fiscales y las restricciones del Congreso sobre sus colaboradores en las votaciones congresales, denominados Los Niños, la correlación de fuerzas en los momentos de votación afectaría al oficialismo. Y en la eventualidad que no procediera, o quedara estancada la denuncia de la fiscal de la Nación, paralelamente ya se está avanzando en otra alternativa: la suspensión del Presidente de la República solo con la mitad más uno de los votos. La que fuera presentada hace algún tiempo por el congresista Alejandro Muñante. Para lo cual la Comisión de Constitución aprobaría una modificación del reglamento del Congreso. Y como sobre la propuesta de Muñante ya han opinado favorablemente diversos constitucionalistas de prestigio, es posible que esta salida alternativa pueda ser aprobada antes que se defina el asunto planteado por la fiscal. Por lo anteriormente expuesto, es posible que de desarrollarse los acontecimientos como lo hemos descrito, podamos empezar a recuperar un poco el optimismo perdido, ya que veo que vamos avanzando en el sentido correcto.

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