Mala gestión afecta avance de inversión pública

Nuestra inversión pública se encuentra casi paralizada a pesar de representar una variable clave para impulsar el crecimiento del PBI, incrementar el empleo, el consumo y la producción. Los últimos registros son muy preocupantes, faltando solo 2 meses para finalizar el año la ejecución de inversión pública 2019 a nivel nacional sería la más baja de los últimos 6 años debido a la reducida ejecución de obras del gobierno central, gobiernos regionales y municipales, a pesar de las prioritarias necesidades en obras, infraestructura y servicios básicos para la población, de un presupuesto de S/48,775 millones para inversiones solo han ejecutado S/ 20,537 millones (42.1%). Según la Contraloría, actualmente estarían paralizadas unas 6,000 obras.

Increíblemente, del presupuesto modificado 2019 asignado para inversión a los 18 ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros (S/ 18,766 millones), faltando 2 meses para finalizar el año tienen 2,500 proyectos no ejecutados habiéndose invertido solo S/ 7,896 millones (42%), por ejemplo, el sector Salud, uno de los más requeridos y urgentes por la población tiene 182 proyectos no ejecutados y de S/ 877 millones recibidos solo ha gastado S/ 269 millones (30.7%), también la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) para reconstrucción de infraestructura dañada y destruida en 13 regiones por el fenómeno El Niño costero, de un presupuesto 2019 de S/ 6,400 millones hasta medio año solo invirtió S/ 1,370 millones (21.3%), y acaba de renunciar su director ejecutivo, Nelson Chui.

Bajo este panorama, la inversión pública se encuentra estancada a pesar que existe suficiente normativa para impulsarla: Decreto de Urgencia (DU.006-2018-mayo), DU.004-2019-17 octubre, y además, el pasado día 30 el presidente Vizcarra anunció otro DU para destrabar obras paralizadas, sin embargo el problema principal es de falta de gestión pública. La evaluación y formulación de proyectos de inversión pública debe analizar la coherencia con las políticas sectoriales, regionales o municipales, valorar costos y beneficios, estimar el momento óptimo de la inversión y evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad socio-económica, para ello, en los niveles operativos del gobierno central, regional y municipal no existe adecuada capacidad de gestión pública ni una apropiada cantidad de profesionales especialistas en formulación de proyectos de calidad que recojan las necesidades de la población y optimicen presupuestos, además, hay falta de exigencia de objetivos, metas, indicadores y resultados concretos para cumplirse con los fines de la inversión de manera oportuna y eficiente y que genere rentabilidad social de acuerdo a la planificación efectuada.