Mala racha oficial

Con 94 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó, esta semana, la censura del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, por no considerarlo idóneo para ejercer el cargo, debido a que está comprendido en una investigación fiscal como destacado miembro de una supuesta organización criminal, cuya cabeza es el presidente Pedro Castillo, según la hipótesis de la Fiscalía. Ahora, deberá renunciar al cargo y el mandatario aceptar su dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.

La censura estaba cantada, aunque, con este gobierno y con el Congreso que tenemos, nunca se sabe hasta cuándo se aprueban las decisiones, debido a los insólitos antecedentes políticos a que nos han acostumbrado ambos poderes del estado. Al ministro Alvarado le bajaron el dedo, no sólo las bancadas de oposición en el Parlamento, sino aquellas afines al gobierno o protectoras de él, como fue el caso de Perú Libre que había anticipado su voto por la destituición del titular del MTC. De nada sirvió la cuestión previa planteada, como un último recurso, por un congresista oficialista pidiendo devolver la moción a la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, en consulta sobre su viabilidad. Fue rechazada.

A Geiner Alvarado, considerado el más cercano al jefe de gobierno, junto con el prófugo ex ministro del MTC, Juan Silva, se le acusó de haber utilizado las necesidades de los peruanos pobres más vulnerables para armar una red de corrupción, alrededor del mandatario, para beneficiarse con las arcas del Estado.

“Creemos que el presupuesto público es de todos los peruanos, no del Estado ni mucho menos del Gobierno de turno. Creemos que el Estado y que el gobierno existe para servir a toda la ciudadanía, no para servir a quienes ostentan el poder momentáneamente. Creemos que el presupuesto público tiene que ser utilizado con responsabilidad y en beneficio de todos. El poder político no puede ser utilizado para servir a intereses mercantilistas de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría”, precisó la congresista Adriana Tudela, al sustentar la moción de censura.

La censura se dio precedida de algunos desaciertos a los que nos tiene acostumbrados el gobierno. Uno de ellos, el más clamoroso, fue el nuevo intento fallido del presidente Castillo de buscar desaforar del cargo de jefe de la División de Búsqueda de la Digimin, que viene ocupando, con mucho acierto, el coronel PNP Harvey Colchado. Sucede que un funcionario de menor nivel, en el Ministerio del Interior, había decidido sacarlo de ese cargo, sin conocimiento del titular del sector, según se dijo después a modo de descargo, por lo que el ministro se apresuró a señalar que él no había dispuesto ese cambio. Ese hecho ocurrido en horas de la noche del martes y madrugada del miércoles de esta semana mereció, como era de esperar, el rechazo inmediato de la fiscal superior, Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, y otras personalidades del mundo político y de opinión, obligando a que el operativo contra Colchado aborte. Por lo visto la obsesión de Castillo de ver a dicho coronel lejos de la investigación que viene realizando contra él y su familia no tiene descanso.

Sucede que el mandatario no las tiene todo consigo. Ni bien asumió el cargo el nuevo presidente del Congreso, José Williams Zapata, se mostró a favor de impulsar una tercera moción de vacancia contra el jefe de Estado. Consideró dicha iniciativa constituye “una forma rápida y constitucional”, aun cuando reconoció que, por el momento, no cuentan con los votos necesarios para hacer realidad la vacancia. “Pienso que, en algún momento, el Ministerio Público publicará algo que sea verdaderamente fuerte como para que las bancadas del oficialismo comiencen a variar sus cosas”, respondió a la inquietud de un periodista. Y desde Cajamarca, un sector importante de los ronderos de esa región expresó su “profunda decepción” con el mandatario debido al incumplimiento de las muchas promesas ofrecidas durante su campaña. “Castillo dijo que iba a luchar contra la corrupción, que en un país de ricos no habría más pobres, pero todo fue al revés. Ahora sabemos que el presidente está involucrado con toda su familia en actos de corrupción. Eso no se puede permitir”, sostuvo Valentín Sánchez, presidente de la Confederación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca. “Los pobres estamos fregados, porque todo está por las nubes. Las rondas y el pueblo, especialmente los campesinos, están defraudados. Hubo tres licitaciones para comprar fertilizantes, y todo se cayó”, enfatizó el dirigente. Nada tan cierto como ello.

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