Mano dura contra la delincuencia, hoja de ruta ¡ya!

Reza una conocida frase: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos”. Los Estados de Emergencia declarados en nuestro país han probado hasta la saciedad que no sirven. La política de seguridad impulsada por el gobierno y que debería aplicarse hasta 2030 fue publicada en junio de 2022, cuando las cifras de extorsiones y sicariatos no eran las que tenemos hoy en día. Desde entonces, hemos tenido 9 ministros del Interior, y ninguno se ha distinguido del anterior. ¿Por qué? Porque la receta sigue siendo la misma, y el propio gobierno ha reconocido el fracaso de su política en las conclusiones de su informe de evaluación, este año 2024.
Lo preocupante es que poco o nada se ha hecho para corregir esta política fallida. El actual gabinete había prometido “mano dura contra la delincuencia”, pero la delincuencia sigue azotando nuestras calles; y en menos de 24 horas de que el gobierno anunciara las nuevas declaratorias de emergencia, se han producido cuatro nuevos asesinatos.
El Gobierno ya está habilitado por el Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana hasta fines de octubre del presente año, y ¿qué se ha hecho? De mi parte, en más de una oportunidad he pedido formalmente a la presidente Boluarte que convoque a un Consejo de Estado con todos los actores, pero nunca obtuve respuesta. Así que, desde esta tribuna, propongo un resumen de acciones para una hoja de ruta:
Declarar en emergencia nuestro sistema de justicia y reestructurarlo completamente.
Dotar de mayor presupuesto a la seguridad ciudadana, estableciendo una veda a las millonarias consultorías, para destinar esos recursos a la seguridad.
Reducir el sueldo de los altos funcionarios, y con ello aumentar el sueldo de nuestra policía.
Modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal a efectos de eliminar el excesivo garantismo judicial, imponiendo cadena perpetua para extorsionadores y sicarios; y extranjero que delinca, que se atenga a las consecuencias; basta de temores a los mal llamados “defensores de los derechos humanos” que nos tildan de “xenofóbicos”.
Eliminar la inimputabilidad de los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.
Pena de cárcel para jueces y fiscales cómplices que liberan delincuentes capturados en flagrancia.
Construir 3 megapenales de 30 mil reos cada uno en las regiones más altas de nuestro país.
Plan de extracción que implique la búsqueda y captura de todos los requisitoriados.
Ah, y para que toda esta reforma sea posible, es necesario mandar a rodar a la CIDH, las ONGs y caviares, por ser los principales obstructores en nuestra lucha por una seguridad efectiva.
Hoja de Ruta ¡Ya!

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