¡Mano dura contra la delincuencia!

El Congreso de la República ha aprobado recientemente dos leyes vitales para la lucha contra la inseguridad ciudadana. La primera incorpora en nuestro Código Penal el delito de Criminalidad Sistemática (Terrorismo Urbano); la segunda modifica la Ley 32108 sobre Crimen Organizado, a fin de dotarla de acciones más rápidas y eficaces en la persecución y sanción de las bandas delictivas.
Así pues, se ha dado un paso decisivo en la lucha contra la extorsión y el sicariato. El Pleno del Congreso ha aprobado en primera votación añadir el artículo 318-B a nuestro Código Penal, estableciendo que «quienes utilicen municiones, armas de fuego, artefactos explosivos u otros dispositivos similares para cometer delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, generando zozobra o terror en la población, serán sancionados con cadena perpetua».
Asimismo, tras un arduo debate y por amplia mayoría, el Pleno aprobó respaldar la propuesta planteada por la Bancada de Renovación Popular para modificar la Ley N° 32108, sobre Crimen Organizado. Entre los cambios aprobados —además de modificarse el concepto de “Crimen organizado”— se encuentran los siguientes: i) Los allanamientos se darán con o sin la presencia del interesado, ii) Los allanamientos se realizarán sí o sí, con participación de la defensa pública, iii) La ausencia de abogado particular no suspenderá la ejecución de la orden judicial de allanamiento.
Cabe destacar que esta Ley 32108 se convirtió en los últimos días en el caballito de batalla de una facción política con intereses meramente electoreros. En efecto, quienes se han encargado de azuzar a la población con la comparsa de la prensa hegemónica no han podido sostener más su narrativa de que con la derogatoria de la mencionada ley, por fin íbamos a terminar con tanta inseguridad. No pasa un día en que no tengamos noticias de alguna muerte por extorsión o ajustes de cuentas. No obstante, el Congreso ha cumplido su función de legislar en beneficio de los peruanos de bien; muchos congresistas hemos demostrado ser una oposición responsable, a diferencia de aquellos a quienes no les importa incendiar el país con tal de obtener réditos políticos.
Dicho esto, insistimos en que el asunto de la seguridad ciudadana es competencia del Poder Ejecutivo, y es este el que debe tomar decisiones drásticas y certeras ante el fracaso de los Estados de Emergencia y demás políticas estériles que solo han causado la impotencia e indignación de la gente que ahora se expresa en las calles.
Basta de usar al Congreso como chivo expiatorio. Ejecutivo, actúe más céleremente. ¡Mano dura contra la delincuencia!

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