Manual anti-DEA
En enero de 2024 se llevó acabo en Lima la XXIV reunión del Consejo Andino con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de ministros y autoridades a cargo de la seguridad interna de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia (CAN). El resultado lanzó una prioridad regional: la lucha contra la criminalidad organizada y transnacional.
¿Quién podría no estar de acuerdo con el planteamiento? Sin duda quienes perderían por sus efectos. No obstante, el asunto de fondo y no menos complejo es cómo llevarlo a cabo de manera efectiva, tomando en cuenta que existen instituciones estatales o instancias gubernativas infiltradas y hasta funcionales —en diverso grado— a ciertas redes delictivas y políticas en cooperación subterránea en esta parte del continente.
El evento internacional produjo un acuerdo contracriminal. El Plan de Acción Resolutivo (PAR) de "cumplimiento obligatorio" para sus miembros consta de 13 puntos. Estos van desde las acciones en las fronteras, el control migratorio (Banco Andino de Datos, BAD), controles aduaneros, colaboración contra la minería ilegal, contra el tráfico ilícito de drogas y de armas... hasta los temas penitenciarios y de operaciones coordinadas de inteligencia.
Bolivia llegó a plantear la creación de la Alianza Latinoamérica Antinarcóticos. Suena muy bonito, el asunto es que bajo el mandato del cocalero Evo Morales se actuó degradando la lucha antinarcóticos. Ello no se ha revertido aún. En 2008 el exmandatario expulsaría del país a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA (dependiente del Departamento de Justicia), con el elaborado pretexto de que "complotaba contra el país". Un movimiento calculado que propició (con epicentro en la zona del Chapare, el reino cocalero impenetrable de Evo) que Bolivia se convirtiera progresivamente en una suerte de narcoestado. Esta condición ha tenido y continúa teniendo un impacto central en el proceso politico y en la competencia de poder interno. Algo de esto se habría replicado aceleradamente si Pedro Castillo y sus operadores ministeriales y congresales lograban sacar también (según sus explícitos planes) a la DEA del Perú en 2021 y aplicar una conveniente "ley de la coca" de inspiración boliviana.
Un año después de la jugada boliviana, otro exgobernante conectado también a la red castrochavista, Rafael Correa, cerró en 2009 la base estadounidense de Manta en Ecuador que desde 1998 permitía ejecutar misiones antidroga de alcance internacional. El mismo presidente actual Daniel Noboa afirmaba en medio de una desbordada violencia criminal en su país, que fue "con el gobierno (de Correa) que empezó la instalación de grupos narcoterroristas". Como hemos anotado con anterioridad, el resultado de ese letal avance subterráneo y durante años en el escenario ecuatoriano es de un grave nivel de politización criminal.
Pero fue Hugo Chávez en Venezuela (y Daniel Ortega en Nicaragua en otra intensidad) el artífice del manual anti-DEA. En 2005, dio una patada a la agencia antinarcóticos (además de a la Policía Británica que también iba tras los pasos de los narcos en suelo venezolano). Investigaciones serias sobre la base de documentos y archivos de la DEA (2019) señalan que este fue un acto premeditado, muy bien calculado para facilitar la conversión de Venezuela en una plaza clave y sin obstáculos para el tráfico de drogas internacional. Por supuesto, la narcoguerrilla de las FARC colombianas en relaciones con los chavistas se repotenciaron con estas facilidades y habrían suministrado los insumos a cambio de armas e impunidad. Hoy la otra "guerrilla" ELN también consolidó espacios de violencia y negocios (especialmente en el Catatumbo colombiano) que alcanza territorio venezolano.
Cierto es que el narcotráfico no es selectivo a la hora de su infiltración. Sean regímenes de izquierdas, centros o derechas ahí están pugnando por consolidar niveles de operación y hasta financiando a la política. Sin embargo, debe resaltarse cómo de forma central y en los últimos 20 años los desgobiernos aliados de extrema izquierda han socavado política y planificadamente los esfuerzos contra el crimen, el narcotráfico y hasta el terrorismo internacional. Expulsar a la DEA fue parte del copioso manual de jugadas con no menos impacto en la dinámica geopolítica regional (curiosamente a la par que rompían con EE.UU. formaban alianzas estratégicas con los antioccidentales rusos, chinos e iraníes).
Los países interesados u obligados realmente en neutralizar los avances de las economías ilegales y las organizaciones delictivas transnacionales en torno a ellas, deben sincronizar esfuerzos que incluyan o restablezcan la asistencia de los sistemas estadounidenses anticriminales. Ya el presidente de Ecuador Daniel Noboa dio pasos concretos en esa dirección (dentro del "Plan Fénix") al aprobar la importante cooperación estadounidense en seguridad operativa y de inteligencia. Argentina, por su parte, apunta también en profundizar esa relación que incluye las alertas en materia de terrorismo internacional (Israel es otro actor clave de información en esta parte del continente). ¿Y Perú?
