¡Marita Barreto, una impresentable fiscal!

Constitucionalmente, nuestro orden republicano dicta que el poder Legislativo es el único autorizado para formular leyes. Toda otra repartición del Estado que “legisle” por su cuenta, vulnera la Carta Magna. Grave delito penado por nuestros códigos, cuya infracción corresponde asumir a quienes, a sabiendas o no de la gravedad de su quebranto, insisten en ello. No obstante, desde inicios de siglo órganos públicos como, evidentemente, la Fiscalía de la Nación y en menor escala el poder Judicial, legislan a través de ucases introducidos de contrabando dentro de sus resoluciones, convertidas automáticamente en leyes no contempladas en nuestro acervo legal. Infracción con que, a sabiendas de su inconstitucionalidad, en adelante conmina a que todas las demás reparticiones del Estado las apliquen en el desempeño de sus funciones como si se tratase de normas de la República. Este esperpento es lo que ha generado el “sálvese quien pueda” que impera en nuestro Estado; donde hoy el zafarrancho es ley y el ordenamiento la anomia. Consecuentemente, nadie sabe dónde empieza y dónde termina la legalidad, gravísima coyuntura que, al final del día, alienta esta suerte de todo vale que hoy impera en el Perú.
Dicha anormalidad ha instituido una suerte de tiranía de la legalidad, que rompe la legitimidad y coloca de cabeza al Perú. Un ejemplo aterrador de esta violación de la Carta es algo terrible que acaba de sentenciar una fiscal de segundo nivel. En rigor, hablamos de un atentado contra principios universales, por lo demás debidamente zanjados por nuestra Constitución en su Artículo 2. Hablamos nada menos que del derecho básico que tiene toda persona investigada por la Justicia, a ser amparada por la presunción de su inocencia. El citado artículo determina que “Toda persona tiene derecho a: (…) (24) la libertad y la seguridad personales. En consecuencia: (…) (e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Por cierto, no es invento peruano. En el mundo entero rige el precepto: “Toda persona es inocente mientras la Justicia no demuestre lo contrario”. Incluso en el Digesto de Justiniano, del Imperio Romano, se sentencia esto: “Es mejor absolver a mil culpables que condenar a un inocente”. La Fiscal (hablamos de Marita Barreto) llega al extremo de condenar por anticipado a todo investigado, bajo el principio que: “Victimizarse no ayuda en absoluto. Acá tenemos que ser objetivos. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. En una declaración tienen que dar las razones de por qué son inocentes. En la investigación tienen que ofrecer los elementos de convicción que contradicen los elementos de investigación que acopia el Ministerio Público. Es así como se debe desarrollar el proceso”.
Señores congresistas, con efecto inmediato decreten el cese de ese peligro público que, vehementemente, promueve transformar la Justicia peruana en espejo de la injusticia cubana. Sólo con semejante prédica, la fiscal María Barreto debe dejar hoy mismo de llevar el título de Fiscal. ¡Asimismo, debiera ser procesada por pretender dinamitar la Constitución!

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