Masacre en Pataz: radiografía de un Estado colapsado

La reciente masacre en la provincia de Pataz, donde 13 trabajadores mineros fueron secuestrados, torturados y asesinados por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, ha conmocionado al país. Sin embargo, este hecho no es un caso aislado, sino parte de una escalada de violencia que se ha venido gestando durante años y que evidencia, de forma cada vez más cruda, la incapacidad del Estado peruano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Los trabajadores asesinados pertenecían a la empresa R&R, contratista de la minera La Poderosa, y fueron secuestrados el 25 de abril. Sus cuerpos fueron hallados días después en un socavón, con signos evidentes de tortura y ejecución. Todo esto ocurrió a pesar de que la región estaba bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, con presencia policial y militar desplegada para combatir justamente las amenazas del crimen organizado y las mafias vinculadas a la minería ilegal.
Lo más alarmante es que, incluso después de la desaparición de los trabajadores, las autoridades minimizaron la gravedad del hecho. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, llegó a poner en duda la veracidad del secuestro, lo que provocó una fuerte indignación entre los familiares de las víctimas y la opinión pública. Este tipo de declaraciones solo refleja la desconexión del gobierno con la ciudadanía, lo que alimenta la percepción de abandono y erosiona la confianza en las instituciones. El crimen de Pataz no es un hecho aislado. En los últimos años, los asesinatos a manos del crimen organizado se han vuelto cada vez más comunes. Las muertes de conductores de transporte público extorsionados por bandas, los ataques a negocios y empresarios que se niegan a pagar cupos, y las constantes amenazas en regiones enteras dominadas por economías ilegales, como la minería y el narcotráfico, son parte de un mismo fenómeno: un país donde la violencia criminal está desbordando la capacidad del Estado para enfrentarla. A pesar de las medidas adoptadas, como la declaración de estados de emergencia y el envío de refuerzos policiales y militares, la violencia persiste. Esto ocurre porque la respuesta del Estado ha sido reactiva, fragmentada y carente de una estrategia integral sostenida en el tiempo.
El Estado peruano no solo enfrenta a bandas armadas, sino a redes criminales profundamente enraizadas en lo económico, social y político. Allí donde el Estado no llega, estas redes ofrecen servicios, empleos, protección e incluso justicia, desplazando a las instituciones formales. Incluso se especula que diversas economías ilegales han penetrado en la política peruana al más alto nivel. La masacre de Pataz pone en evidencia que no se trata solo de un problema de seguridad, sino de institucionalidad. En el Perú, las instituciones públicas son débiles, fragmentadas y muchas veces capturadas por intereses particulares, lo que las vuelve incapaces de ejercer autoridad frente al avance de lo ilícito. Es urgente que las fuerzas políticas —Ejecutivo, Congreso y partidos— tomen decisiones concretas y efectivas para enfrentar la violencia criminal en el país y detener la expansión de sus agentes en toda la estructura política y funcional del Estado.
Esto incluye reforzar los cuerpos de seguridad, mejorar la inteligencia, reforzar las fronteras y realizar trabajo multilateral para enfrentar el delito, sí, pero también aplicar políticas públicas que ataquen las causas estructurales de la violencia: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y corrupción. El crimen organizado se alimenta de la desesperanza de las poblaciones olvidadas, de la ausencia de servicios básicos y de las brechas sociales. Solo una respuesta integral permitirá al Estado restablecer la confianza ciudadana y garantizar un futuro de paz. Lo ocurrido en Pataz es una advertencia: estamos frente a un problema sistémico que no se resuelve con operativos aislados, sino con voluntad política, planificación de largo plazo y una reforma institucional profunda. Ignorar esta realidad solo nos condenará a seguir contando muertos.

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