Masiva agresión sexual…

Es de público conocimiento la noticia sobre masivas agresiones contra la integridad sexual de menores de edad cometidas por sus profesores en los predios de la Comunidad Nativa Awajún.

De manera casi infantil los ministros de Educación y de la Mujer generaron un grave problema político y social al señalar el primero y adherirse la segunda al comentario, lanzado sin mayor análisis jurídico, que ese hecho constituiría una manifestación del condicionamiento cultural imperante en dicha comunidad.

Bastaba revisar el marco normativo constitucional y legal para diferenciar derecho consuetudinario como derecho objetivo en las comunidades nativas y campesinas con el derecho objetivo de la sociedad dominante constituida por la nación peruana, para arribar a la conclusión ya prevista en la Constitución y las leyes, que el derecho consuetudinario de las sociedades minoritarias es objeto de respeto siempre y cuando no transgredan los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. El derecho a la integridad personal y sexual de toda persona y, especialmente, de los menores de edad constituye un derecho fundamental inviolable nativo, campesino o no nativo ni campesino.

La masiva agresión sexual denunciada constituye un hecho tipificado como delito y, como tal, no cabe justificación alguna para impedir la persecución de los autores de tan execrable hecho hasta ponerlos a disposición de la justicia en donde, a través del debido proceso, se determinará o no la responsabilidad de cada quien y, de ser el caso, admitirse o rechazarse circunstancias agravantes o atenuantes.

Tal vez lo que quisieron decir los ministros es que estábamos ante un condicionamiento cultural que podía tomarse como atenuante, lo que tampoco resulta admisible porque ellos no son jueces y como funcionarios del Estado no pueden estar justificando hechos punibles cuando es su obligación exigir la sanción que corresponda.

Ahora bien, si el problema radica en que ubicar y capturar a los presuntos violadores dentro del territorio de la comunidad por oposición de ésta generaría otra clase de problemas sociales, esta situación no probada, nada tiene que ver con la naturaleza de la agresión porque su carácter delictivo se mantiene en esencia, en cuya virtud, las autoridades tendrían que coordinar con las dirigencias comunales para la entrega de los agresores, aunque no existe indicio alguno de una negativa en tal sentido.

Las irreflexivas expresiones ministeriales le ha costado al país y a los peruanos casi una semana de dimes y diretes distractivos en circunstancias en que la crisis de institucionalidad y gobernabilidad se acentúa cada vez más colocando en el escenario político y social a bloques irreconciliables en sus posiciones, lo que impide encontrar una ruta de consenso para serenar al país y corregir adecuadamente y con energía la postración institucional en la que vamos cayendo día a día, exasperando sobremanera a una población ya de por sí enfurecida por el desgobierno y la desprotección.

Es hora de ser estrictos con la coherencia funcional.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.