“Matan para callar, archivan para encubrir”

En el Perú, hay muertos que aún gritan desde el silencio. Vidas segadas que no fueron fruto de la fatalidad, sino víctimas de crímenes con rostro, móvil y sello de poder. Muertes incómodas, borradas, maquilladas o archivadas por un sistema hecho para proteger al fuerte y castigar al que denuncia.
Uno de los casos más vergonzosos es el de Emerson Fasabi Moscovich, ex cabo del Ejército y chofer de la pareja presidencial Humala-Heredia. En julio de 2015 fue hallado sin vida, tras ingerir una sustancia tóxica mezclada con alcohol, presuntamente suministrada por alguien de su entorno. La evidencia apuntaba a un asesinato con motivación política. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Congelar la investigación. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Nada. ¿A quién protegían?
La historia se repite con Daniel Seiffert Humala, sobrino del expresidente Ollanta Humala. Desapareció y apareció como NN en una morgue, en avanzado estado de descomposición. ¿Cómo es posible que un familiar tan cercano al poder desaparezca sin que se active ningún protocolo? ¿Y la Reniec? ¿Y el sistema de identificación biométrica? ¿Por qué tanto silencio, incluso desde quienes decían amarlo?
Otro caso que hiela la sangre es el de Nilo Burga. Apareció muerto en un hotel que —coincidencias del destino— pertenecía a una funcionaria del Midis. No había cámaras funcionando ni registros claros. Nos vendieron la tesis del suicidio, pero las evidencias, los movimientos del entorno y las omisiones dibujan un cuadro de encubrimiento.
La lista continúa. Donny Bill Heredia Espinoza, trabajador de la Corte Suprema, apareció colgado en el archivo institucional con cortes en ambas muñecas. ¿Cómo puede alguien infligirse esas heridas y luego colgarse sin ser visto en un edificio lleno de cámaras? Cuando la División de Homicidios pidió las grabaciones, no se las entregaron. Al padre de la víctima le sugirieron “no investigar más”. ¿Qué temen?
La abogada Vidal, que se preparaba para convertirse en colaboradora eficaz, fue acribillada por sicarios mientras iba en un taxi. Su testimonio comprometía a altos funcionarios y congresistas. La silenciaron antes de que hablara.
Y está el caso de José Miguel Castro Gutiérrez. Dijeron que se suicidó, pero el corte en su yugular medía 14 cm, con el cuerpo en una posición incompatible con una autolesión. Tenía pendiente declarar sobre operaciones millonarias relacionadas con la Caja Municipal de Lima y el entorno de Villarán. Su testimonio era dinamita.
Cada nombre, cada crimen no investigado nos recuerda que vivimos en un país donde matar al testigo es borrar el delito. Quieren que bajemos la mirada y digamos: “mejor no te metas”.
Pero este pueblo ya se metió.
La justicia tarda, sí, pero está llegando. Y vendrá con memoria, con coraje y con nombres.
Ellos matan, nosotros recordamos.
Ellos archivan, nosotros denunciamos.
Ellos temen, nosotros avanzamos.
¡Porque cuando el miedo cambia de bando, comienza la verdadera revolución!
He dicho: NO TEMAMOS A LA VERDAD, TEMAMOS A VIVIR SIN JUSTICIA.

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