Matrículas, controles y la realidad
La presencia y el nivel de posicionamiento del sistema privado es influyente e importante en el sistema educativo nacional. El último informe del Grupo Educativo al Futuro (GEF) da noticia de dos hechos interesantes: a) en el supuesto de que no existiera la educación privada, el Estado tendría que incrementar en más de 50% su presupuesto para cubrir esa brecha; b) el 73% de los alumnos atendidos en el sector privado proviene de los niveles socioeconómicos C, D y E. Por tanto, solo desde una posición miope y sesgada se puede afirmar que la educación privada es elitista.
Así como también desde esa posición afirmar que la educación pública es excluyente porque promueve Colegios de Alto Rendimiento.
Otro dato interesante es que la ausencia de nuevos actores o propuestas educativas suele ralentizar el sector. Crecer a costa de otros colegios establecidos da noticia de un mercado deprimido, por una persistente crisis socio económica desde hace más de un lustro y, el descenso de la tasa global de fecundidad que, según el INEI, para el año 2020 se estima en 2,2 hijos/as por mujer. Por tanto, el nivel de reemplazo generacional (2,1) será alcanzado en el año 2023, es decir, el grueso de familias peruanas tendrá un solo hijo.
También da noticia de que, así como las barreras de ingreso al sector son farragosas y onerosas, los “rompemuelles” legislativos, administrativos e ideológicos sembrados sin texto ni contexto de parte de las autoridades gubernamentales impiden que los colegios planifiquen, innoven, tengan autonomía en su gestión, en la presentación y ejecución de su visión educativa… y, que quieran crecer.
El Estado –¡ha habido tantos gobiernos!– lejos de promover la mejora de los servicios educativos, y lejos de hacerse cargo de la problemática del sector, dictan o recuerdan normas que hay que cumplir. Próximos al inicio del nuevo año lectivo, cuando las escuelas se encuentran abocadas y dedicadas a prepararse para recibir a sus alumnos, casi como en concierto, muestran sus caninos INDECOPI, el Minedu, etc., y que, en complicidad de los medios de comunicación, restriegan en la cara de los colegios, las leoninas multas que imponen si se infringen las normas. Por cierto, ¿qué ejemplo dan los entes gubernamentales, sobre todo el Minedu, en materia educativa, si ellos aplican sin recato aquello de que “letra con sangre entra”?
La política de controles y sanciones excesivas, en una sociedad democrática y en un mercado aletargado, termina sofocando transversalmente la calidad en los servicios públicos y privados. Me pregunto ¿es esa la función de un ente gubernamental? Da la impresión que sí, a tenor del contenido de las últimas leyes promulgadas. ¿Para la política pública, la escuela privada nada aporta a la sociedad? Estoy seguro que millones de estudiantes y miles de escuelas (y universidades) apreciarían mucho que el IGV que pagan en sus compras y no en sus ventas genera un saldo que la escuela asume como costo trasladado. Si pensamos en un régimen –mutatis mutanda– similar al de los exportadores, habremos inyectado el 18% a los gastos corrientes de las escuelas.
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