Medio siglo de oprobio
Acaba de cumplirse medio siglo del robo más grande registrado en la historia del país: la reforma agraria.
Recapitulemos. Para evitar robos los ciudadanos registran sus bienes inscribiéndolos a su nombre. En 1969 los propietarios de tierras agrícolas las tenían inscritas en Registros Públicos, asegurando su titularidad. Pero un Estado cleptómano, a órdenes del dictador socialista de Velasco, las robó confiscando ese patrimonio a mérito de una ley despótica. Y la consecuencia de que un Estado actúe como ladrón no puede ser otra que propiciar una sociedad de corruptos. Como la que ha aflorado a raíz de destaparse el affaire Lava Jato. Veamos. Si después de 50 años de oprobio nuestro Estado sigue sin saldar lo que dice que ”expropió” –mientras no pague aquello se llama confiscación, robo, asalto, etc. – entonces el Estado peruano no tiene legítimo derecho a imputarle delito alguno por robo a cualquier paisano. Un karma vergonzante que se refleja en la inconducta de nuestra sociedad. Ahí estriban ese grotesco 75 por ciento de informalidad o la ola de criminalidad que avergonzaría a toda nación. Por supuesto, no es nuestro caso. Porque reiteramos, estamos regidos por un Estado clara, endémicamente expoliador.
Es más, siendo ministro de Economía, luego primer ministro y finalmente presidente de la República, Kuczynski se negó tercamente a actualizar el valor de la confiscación de las tierras –ejercicio valorado en US$ 5,000 millones– alegando que quebraría el Estado. Pero claro, todo indica que Kuczynski favoreció a Odebrecht permitiendo no solamente que nos robase dos o tres veces el valor de lo que el Estado adeuda a los propietarios de tierras, a través de adendas que “actualizaban” costosísimos presupuestos a cambio de entregarle sobornos bajo la mesa a aquellas “autoridades”. O inclusive propiciando proyectos inútiles –desde todo punto de vista para nuestra nación– como la carretera Interoceánica (US$ 12,000 millones), la refinería Talara (US$ 6,500 millones), etc.
Cabe precisar que llamamos cleptómano al Estado peruano porque la tiranía socialista de Velasco entregó bonos en calidad de pago a los propietarios de tierras. ¡Pero jamás hubo valorización justa! Sólo precio de capricho. Bonos que caducaron hace décadas y cuyos tenedores jamás recibieron un centavo del Estado. No obstante el ladrón Toledo, bien asesorado por sus ministros Kuczynski y Zavala, se interesó no solo por actualizar, sino por pagarle a multimillonarios fondos de inversión el valor de los bonos que muchos pauperizados propietarios de tierra vendieran a precios viles en el mercado secundario, afirmando el alma abusiva y los genes cleptómanos de dichas autoridades. Al extranjero todo, al peruano la ley. Por si fuera poco, como señala la asociación de bonistas locales de la reforma agraria, “Cumplidas sumisamente las obligaciones indemnizatorias con los expropiados (bonistas) americanos, Humala, sus burócratas dorados del MEF y sus obedientes magistrados en el TC, resolvieron que pagarle a los peruanos es inconstitucional.” Todos estos ladrones deberían ser procesados por severos fiscales y jueces anticorrupción, y ejemplarmente condenados. Única forma que nuestra sociedad entienda que el pillaje –bajo cualquier modalidad– es un crimen severamente perseguido y castigado por la ley.
