Menos verbo y más acción y transparencia

A casi dos semanas de haber asumido el compromiso de administrar el Estado, por parte de las actuales autoridades gubernamentales, se sigue usando el discurso de campaña electoral, sin percatarse de que estamos en momentos diferentes en los que se necesita decisiones de gobierno y, especialmente, transparentar el accionar del ejercicio de la presidencia de la república, permitiendo que el pueblo peruano conozca que es lo qué se hace y qué se viene planificando para ejecutarse en los próximos meses.
La promesa de rebajar el 50% el sueldo los ministros, puede ser agradablemente percibida por un sector de la población, pero sin darse cuenta de que el impacto que pueda tener en el ahorro del gasto público es totalmente intranscendente y, lo peor, genera un desaliento de los técnicos y especialistas con capacidad e idoneidad para lograr su contratación, por las bajas remuneraciones que se ofrezcan. Por lo tanto, es una decisión propiamente populista, y nada más.
El declarar en emergencia la educación, es solamente eso, “una declaración”; a partir de la cual se pueden tomar decisiones que, nos corremos el riesgo, sean fuera de las normas legales que reglamentan su funcionamiento, sin el control previo del Congreso. Lo necesario y urgente es conseguir que la población en edad escolar, como la de nivel universitario, tenga facilidad de acceso a diferentes centros educativos hasta en los más recónditos lugares de nuestro accidentado territorio nacional. Ello no justifica el ingreso a las universidades sin examen de admisión; pues, la propuesta sólo consigue obtener simpatizantes en la juventud y en los inversionistas en este sector. Esta oferta tiene que ser más y mejor estudiada y responsablemente reglamentada.
La propuesta de encargar la seguridad ciudadana a los ronderos, en todas las zonas rurales y urbanas es absolutamente inadecuada e improcedente y, lo que, es más, atenta en contra de la institucionalidad de la Policía Nacional, cuyos miembros se han preparado profesionalmente para asumir la responsabilidad del control del orden interno. En ese sentido, no se puede ni se debe continuar ofertando propuestas que únicamente satisfacen la inquietud de un menor sector ciudadano. En su defecto, lo que a la brevedad se debe atender y, en ese sentido es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo, es la implementación logística de la institución policial y una mejora sustancial en su remuneraciones por su sacrificada función.
Estas y otras ofertas son las que se vienen escuchando, de parte de algunos ministros de Estado, pero desde el lado de la presidencia de la república no se dice “esta boca es mía”. Pues, no se necesita que exista expresamente una norma jurídica que lo regule para que el pueblo se entere qué y cómo se administra la cosa pública.
En el funcionamiento de un sistema democrático es indispensable integrar a la ciudadanía, por lo menos mentalmente, en aquello que se pretende ejecutar y, no mantener al pueblo sólo con ofertas y buenas intenciones irrealizables, convirtiéndolas únicamente en falsas promesas.
Igualmente, es contrario al buen accionar de la autoridad, no permitir que los medios de comunicación, en su variada forma de expresión y de opinión, tengan acceso a los hechos y acontecimientos que diariamente se producen y en los cuales intervienen las diversas autoridades nacionales, comenzando por el propio jefe de Estado, cuya presencia y actuación tiene que ser limpia y transparente.
El manejo del poder político no puede ser con secretismo; hacerlo así significaría que las verdaderas intenciones que se tienen son distintas a las que se proclaman.

Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a nuestra versión digital AQUÍ.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.