Mensaje a la presidenta Boluarte
La presidenta Dina Boluarte debe tomar una decisión de la mayor trascendencia para su gobierno y para el país, cuando restan catorce meses para que concluya su mandato constitucional. Se trata de una medida que, sin duda, contaría con respaldo nacional, incluso de sus más enconados adversarios: poner en marcha el proyecto de edificación de una nueva sede para el Archivo General de la Nación.
Durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, se alertó en diversos medios sobre la crítica situación de esta institución, fundada el 15 de mayo de 1861, durante el gobierno del presidente Ramón Castilla. Inicialmente funcionó en el Convento de San Agustín, luego en la Biblioteca Nacional, y desde 1940 ocupa su actual local: inadecuado, insalubre y peligroso para preservar 150 millones de documentos históricos y administrativos.
Ese pequeño y húmedo espacio —con escasa ventilación, ácaros, hongos y condiciones inapropiadas para los investigadores— guarda colecciones que abarcan desde el siglo XVI al XIX. Allí reposan documentos valiosos, como escrituras de Francisco Pizarro, Diego de Almagro, el Inca Garcilaso de la Vega y San Martín de Porras, además del testamento de Pedro Manuel, “El Griego”, que demostró que el pisco es peruano.
El archivo también conserva Reales Cédulas, Provisiones y Bandos de los virreyes entre 1558 y 1824; documentos de la Real Audiencia, el Santo Oficio, la Compañía de Jesús, y archivos genealógicos, de tierras y comunidades. En su fondo republicano figuran firmas de San Martín, Bolívar, Castilla, Grau y Cáceres. Su importancia quedó demostrada durante el litigio en La Haya, cuando facilitó la Resolución Legislativa 12305 de 1955, clave para sustentar nuestros derechos marítimos.
El experto Ricardo Moreau estima que una nueva sede moderna y climatizada costaría 400 millones de soles y se construiría en tres años. Sin embargo, nada se ha hecho. El Archivo continúa en un sótano del Palacio de Justicia, junto a la carceleta, entre humedad, hacinamiento e inseguridad.
El local ha sido víctima de robos, incendios e incluso una inundación en 2020. El exlegislador Víctor Andrés Belaunde denunció la venta en Amazonas de documentos firmados por Cáceres y Echenique, y de papeles coloniales. Este año, el Gobierno recuperó 78 documentos robados y hallados en el extranjero, entre ellos tres folios del escribano Julián Bravo de 1599, incautados por el FBI.
Ahora, por resolución del 29° Juzgado Civil de Lima del 30 de octubre de 2024, el Archivo deberá trasladarse a un ambiente precario en el Callao. Ante esta emergencia, el Ministerio de Cultura y la Comisión de Cultura del Congreso deben sumar esfuerzos para evitar una pérdida irreparable para la memoria nacional.
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