Mensaje presidencial con bemoles

No solo inesperadamente largo, su lectura tomó más de tres horas, sino preocupante en su contenido fue el primer mensaje presidencial que el 28 de julio último dirigió en el Congreso de la República la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Cierto que la primera mandataria de la Nación lució pulcra en su apariencia y modales y con suficiente dominio de escena, pero la forma no hizo honor al fondo del mensaje anual, obligatorio, personal y por escrito conforme disposición expresa del Art. 118. 7 de la Constitución Política. La citada norma fundamental exige que el mensaje contenga la exposición detallada de la situación de la República y las reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. El mensaje debe estar aprobado por el Consejo de Ministros al no ser el mensaje inmediato a la asunción del cargo.

Al abordar la situación de nuestro país, observamos que si bien se arriesgó a cuantificar la dimensión del daño causado, fundamentalmente por corrupción e ineficiencia, por el nefasto gobierno P. Castillo, en los 16 meses y 10 días que duró, resulta inaceptable que haya pretendido desmarcarse de ese régimen cuando la señora Boluarte fue activa y presente vicepresidenta todo el tiempo y exclusiva titular del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante casi el mismo lapso, pues renunció a este último cargo el 25 de noviembre, es decir apenas 12 días antes del golpe de Estado perpetrado por el mal chotano.

Solo un lamentable trastorno disociativo de la personalidad, que estoy segura, felizmente, no padece la mandataria o un atrevido propósito de tomarle el pelo a la ciudadanía, creo que es esto último, explica aparentar total irresponsabilidad, aunque sea solo política, (la legal puede establecerse en el futuro) frente a la organización criminal que señala había formado aquél al que protegía amenazando con renunciar a la vicepresidencia si era vacado, precisamente por los evidentes indicios de corrupción.

Preocupante fue también la información brindada sobre los beneficios económicos excepcionales otorgados a más de un centenar de deudos de las 63 personas que penosamente perdieron la vida en las asonadas organizadas para frustrar la sucesión presidencial. No detalló, como debía, las condiciones de ese otorgamiento, que resultaría reprobable e injusto si favoreciera a los responsables de la muerte de policías y de las personas impedidas de recibir atención médica, o a los vándalos ya identificados y sujetos a proceso penal.

Analistas ya han advertido sobre promesas de acciones de gobierno que tampoco tienen fundamento objetivo.

¡A estar alertas!

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.