¿Meritocracia en vías de extinción?: A propósito de caso Daniel Salaverry

Por María Del Pilar Torres Morales

La pregunta que todos los peruanos nos hacemos hoy en día es: ¿Cuándo podremos contar con un Estado en donde, como en la mayoría de las empresas privadas, primen los conocimientos, la experiencia, los logros, el cumplimiento de objetivos, las capacidades personales y todos esos conceptos que hacen eficiente a una organización?

Hasta las empresas familiares, que abundan en el entorno empresarial peruano, han aprendido la lección de que los puestos no se ganan por apellidos o amistades. Las posiciones en una organización ya no se obtienen por ser hijo, sobrino o nieto de alguien. Hoy en día, si ese hijo, nieto o sobrino quiere ser parte de la empresa debe ganarse el puesto, haberse capacitado, haber recorrido un camino compitiendo con otros pares y demostrando sus virtudes, no sólo provenientes de un apellido. La competencia no se hereda, se gana.

Pero no, eso no pasa en nuestro querido Perú. Aquí pareciera que sólo basta el hecho de pertenecer a un partido político, ser simpatizante, haber ayudado en algo en la campaña presidencial o haber defendido alguna ilegitimidad. No se logra entender que el Estado es una organización que, para ser eficiente, debe buscar el mejor recurso dentro de sus capacidades. En la actualidad, con las acciones realizadas día a día se evidencia que la meritocracia ya no existe. Lo que venimos presenciando es a un Presidente que pretende manejar el país “como si fuera su chacra”.

Sin embargo, pensándolo bien, hasta esa referencia (“como si fuera su chacra”), no calzaría en el tema. Nuestro Presidente, como buen agricultor (así nos indicó en campaña que eran sus calificaciones: profesor, rondero, agricultor) pensamos que no se le ocurriría apoyarse de un minero para trabajar su chacra o menos aún, en un arquitecto. Estamos seguros de que al elegir a alguien que trabaje en su chacra, elegiría a aquel que realmente tenga los conocimientos y la experiencia necesaria.

Por ello, es allí donde está el “quid” del asunto. Todo se esconde en una simple palabra: “Su”. Si esos malos funcionarios públicos trataran al Estado como su chacra, realmente pondrían el mejor esfuerzo para encontrar a la persona que sea el mejor para el cargo. Pero como no se trata de algo suyo, sino de algo de todos, pues entonces esos malos funcionarios sólo buscarán el beneficio propio. Un beneficio que les favorezca personalmente en el futuro o un beneficio que les permita el pago de favores generados en el pasado.

La pregunta que cae de madura es: “¿Qué debemos hacer para cambiar el “chip” de esos malos funcionarios?”. La normatividad sobre nepotismo abunda. La Contraloría ejerce su control revisando posteriormente las contrataciones. Lamentablemente, nada de eso parece servir. A pesar de todas las restricciones posibles que las normas y el control pueden generar, constantemente encontramos ejemplos de favoritismos en las contrataciones no sustentadas en capacidades personales.

Y peor aún, qué se podrá hacer si el propio Presidente, cabeza de esta organización que es el Estado peruano, ignora arbitrariamente todas las reglas de una buena elección basada en la meritocracia.

Es este caso específico, el que nos ha removido nuevamente el nefasto recuerdo de la poca o nula importancia que tiene la meritocracia hoy en día, es el propio Estado; ahora, a través del nombramiento de un político, ingratamente conocido por todos, como titular de PerúPetro, empresa encargada de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

Como es de conocimiento general, el artículo 13 de la Ley No. 26625, que establece la organización y las funciones de PerúPetro, señala que los miembros del directorio de dicha entidad “deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar”.

Cualquier persona, en una simple revisión del currículum vitae del político en referencia, podrá establecer claramente que no tiene ni capacidad técnica ni profesional para desempeñar el cargo de presidente de la señalada entidad.

PerúPetro es una empresa estatal de derecho privado. Por ello, es de suponer que sus prácticas deberían estar más hacia el lado de los estándares privados. Sin embargo, como el nombramiento del presidente del Directorio depende de la designación presidencial, estamos ante la decisión del Presidente de cómo aprovechar esta situación. Y en lugar de aprovecharla nombrando a una persona capaz y con experiencia en el rubro, termina nombrando a un personaje que, en sentido totalmente objetivo (reiteramos sólo basta leer su cv), carece de todos los méritos para acceder a dicha posición.

¿Quiere el Presidente que un recurso tan importante sea ofrecido por alguien que no cuenta con las capacidades? ¿Quiere el Presidente poner en manos de un político cuestionable la capacidad de otorgar lotes petroleros y poder fijar regalías? ¿Cuántos casos más como este escucharemos estos días? ¿Cuántos casos más como estos existen de los que aún no sabemos?

Como señalamos líneas arroba, da la impresión de que como el Estado no es su chacra, entonces poco le importa el destino de algo que no es suyo, más le importa la utilización de esos puestos para pagar favores del pasado o generar beneficios en el futuro. Adiós a la meritocracia.

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