Mincul y la economía política de los no contactados

Hace unas semanas, Expreso y el programa Contracorriente pusieron en agenda el problema de la Reserva Territorial en Madre de Dios, a propósito del rol que cumpliría ilegalmente una Comisión Multisectorial presidida por el Ministerio de Cultura para reconocer pueblos indígenas en situación de aislamiento y situación de contacto inicial (PIACI).
Un primer tema que preocupa es pretender darle carácter “vinculante” a las conclusiones de esta Comisión. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) indica claramente que su rol es de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que sirvan como insumo para la toma de decisiones al más alto nivel gubernamental. El Ministerio de Cultura no adecuó su existencia al mandato de la ley, convirtiéndola en un grupo de trabajo marginal y atípico. Por ello, sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros.
Una segunda preocupación es que ampliar el territorio de la reserva afectaría el desarrollo formal de una economía legal que genera empleo a través de ocho concesiones forestales vigentes, las cuales destacan por su excelencia en el cumplimiento de obligaciones y manejo forestal de exportación. ¿Por qué finiquitar contratos de concesión con vigencia de 40 años y permitir a los ilegales tomar por asalto un territorio ya ganado para la economía formal?
La creación de una reserva indígena elimina toda participación del Estado. Esta es la razón por la cual hoy encontramos en la Reserva Territorial de Madre de Dios pistas de aterrizaje, minería ilegal, tala ilegal, explotación laboral y otras formas ilícitas que depredan el patrimonio natural. Lamentablemente, la creación de reservas indígenas permite actividades ilegales bajo el manto protector de su condición de reserva indígena. Si no hemos sido capaces de proteger los derechos de estos pueblos indígenas de la Amazonía peruana frente a la economía ilegal y criminal… ¿para qué ampliar la extensión de la reserva? Esto no resiste un mínimo razonamiento.
Quienes proponen la ampliación de la reserva mencionan eventos de hallazgos (huellas, restos de chozas, objetos, restos de alimentos, trochas) en la zona este (donde están las concesiones), cuando en realidad esos eventos ocurrieron en la zona sur (donde no hay concesiones). ¿Por qué mienten? Los miembros que promueven la ampliación en esta Comisión ilegal sustentan su propuesta en un estudio de noviembre de 2016 (con nueve años de antigüedad), a pesar de que su marco normativo los obliga a contar con estudios con una vigencia no mayor a tres años.
¿A qué juega el Ministerio de Cultura? ¿Acaso fueron cooptados por promotores de economía ilegal o ilícita? ¿Serán conscientes los ministros de Estado de que sus representantes en esta Comisión promueven más economía ilegal bajo el pretexto de los no contactados? Desactivar esta Comisión es lo mínimo que debería hacer el Gobierno para continuar promoviendo inversión formal y legal. ¡Advertidos estamos!

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