Minería de oro, corazones de piedra: el Perú no puede seguir mirando al otro lado

Yanacocha, el yacimiento de oro más grande de Sudamérica, ha operado y extraído inmensas riquezas durante décadas en la región de Cajamarca. ¿El resultado? Millones en ganancias; durante ese tiempo, toneladas de oro han salido de sus tierras, dejando tras de sí no prosperidad, sino abandono, una región hundida en pobreza. Mientras los informes financieros muestran ganancias multimillonarias, las comunidades aledañas siguen sumidas en la pobreza extrema.
¿Cómo es posible que donde abunda el oro haya también hambre y desnutrición? Mientras se enriquecen, las empresas mineras como Yanacocha arrastran deudas millonarias con la SUNAT. ¿Y qué recibimos a cambio? Comunidades desplazadas, contaminación y abandono.
La paradoja es tan brutal como indignante: Cajamarca, una tierra rica en minerales, es una de las regiones más pobres del Perú. Según cifras oficiales, sufre de altos índices de anemia infantil, desnutrición crónica y falta de acceso a servicios básicos como agua potable y salud. ¿Qué clase de país permite que sus hijos mueran de hambre a metros de donde se extrae una de las mayores riquezas del planeta?
Nos preguntamos con coraje y dolor: ¿Cuánto le debe Yanacocha y otras empresas mineras a la SUNAT y al Estado peruano? ¿Por qué siguen operando con beneficios gigantescos mientras los pueblos que les dan sustento natural y humano viven en condiciones de miseria? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está nuestra humanidad?
Según los estados financieros de Minas Buenaventura, accionista de Yanacocha, esta minera mantenía al 31 de diciembre de 2020 una deuda tributaria con la SUNAT que ascendía a aproximadamente S/ 1,505 millones (US$ 415 millones), fraccionada en 66 cuotas mensuales. ¿Qué otra empresa o ciudadano común podría acceder a semejante indulgencia?
La minería no puede seguir siendo sinónimo de despojo. No se trata solo de impuestos o cifras: se trata de vidas humanas. De niños que no llegan a los cinco años por falta de hierro. De madres que mueren sin atención médica. De jóvenes que abandonan sus sueños porque no hay escuelas dignas. Esta es una injusticia histórica que se perpetúa con nuestra indiferencia.
No basta con mirar al costado y decir que “eso le corresponde al Estado”. Todos somos Estado. Y todos tenemos una responsabilidad moral frente a quienes menos tienen. Los habitantes de nuestras zonas altoandinas no son ciudadanos de segunda categoría.
Ya no podemos seguir siendo inertes, insensibles al sufrimiento de nuestros hermanos. ¡El Perú profundo también tiene derechos! No podemos permitir que, porque están lejos de la capital -Lima-, deban ser olvidados. ¡ELLOS TAMBIÉN SON PERÚ, TAMBIÉN SON NUESTROS HERMANOS!
Exigimos:
Transparencia total sobre la deuda tributaria de las empresas mineras con la SUNAT.
Fiscalización firme del cumplimiento de sus deberes y obligaciones sociales y ambientales.
Redistribución justa de la riqueza generada, en beneficio de las comunidades afectadas.
¡FIN DEL ABUSO, LA INDIFERENCIA Y EL DOBLE DISCURSO!
El crecimiento económico no puede seguir edificándose sobre el sufrimiento ajeno.
¡NO ES DESARROLLO SI LO LOGRAMOS CON CORAZONES DE PIEDRA!
¡EL PERÚ NO ES UN BOTÍN, SINO UNA NACIÓN CON DIGNIDAD!
He dicho.

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