Minería formal para combatir la ilegal

La minería ilegal en el Perú ha alcanzado niveles históricos en los últimos años, convirtiéndose en una de las actividades ilícitas más lucrativas y devastadoras del país.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro ilegal alcanzarían un máximo histórico de US$6.840 millones en 2024, lo que representa un incremento del 41 % respecto al año anterior; si consideramos todos los minerales extraídos ilegalmente, alcanzamos un aproximado de US$12.645 millones en 2024, frente a los US$40.000 millones que producirá la minería formal.
Esto ha sucedido principalmente por el fortalecimiento de las narrativas antiextractivas, que han afectado a empresas formales. Los conflictos sociales y medioambientales relacionados con la minería formal han dado lugar a movimientos de resistencia y oposición que buscan frenar la explotación de recursos en diversas comunidades, deteniendo proyectos e impidiendo que aparezcan más.
Sin embargo, la minería ilegal ha encontrado mecanismos, principalmente económicos, para incentivar a las comunidades a aceptar su presencia y permitir la extracción sin regulación. Así, a lo largo del país, se viene creando un círculo vicioso en el que, debido a la ausencia de controles, la actividad ilegal se expande y fortalece, en detrimento de las normas ambientales y de seguridad laboral que deberían imperar en la explotación de recursos naturales.
En este contexto, el gobierno se muestra incapaz de controlar la situación. La minería ilegal actúa impunemente, en parte porque el gobierno de turno parece temeroso de enfrentar la oposición de las comunidades que respaldan, consciente o inconscientemente, esta actividad. Las protestas que marcaron el inicio de la gestión de Dina Boluarte fueron, en gran medida, financiadas por la minería ilegal, lo que parece influir en la falta de una política firme para combatirla.
A esto se suma la evidente penetración de los intereses de esta actividad ilícita en el sistema político; algo que debería preocuparnos de cara a las próximas elecciones generales, donde la minería ilegal podría ampliar aún más sus influencias.
Estas circunstancias han llevado a que el Estado se mantenga en una posición ambigua, sin capacidad de tomar decisiones firmes ante el problema.
Aunque es cierto que la minería formal tiene un impacto ambiental significativo, esta actividad puede ser regulada y sometida a estándares de calidad que buscan mitigar su huella en el medio ambiente. En los últimos años, la tecnología utilizada en los procesos de extracción formal ha avanzado considerablemente, permitiendo reducir los niveles de contaminación y gestionar de forma más responsable los recursos naturales. La minería ilegal, por el contrario, no solo no sigue ninguna norma ambiental, sino que depende de métodos altamente contaminantes y peligrosos que impactan de manera directa y severa en el entorno natural y en la salud de las personas.
La violencia y los conflictos internos son otras características de la minería ilegal, que suele estar acompañada de disputas territoriales entre los grupos que buscan controlar los recursos. Además, esta actividad alimenta toda una economía subterránea que incluye la trata de personas para explotación sexual y laboral, la explotación infantil y el tráfico de armas, generando un entorno de inseguridad y precariedad en las zonas donde se practica.
El dilema de la minería en el Perú no es sencillo. Si bien la minería formal tiene efectos ambientales negativos, puede ser supervisada y mejorada en cuanto a sus prácticas ambientales, contribuyendo al desarrollo del país. La minería ilegal, en cambio, solo aumenta los niveles de contaminación y genera ciclos de violencia y explotación. En última instancia, la elección entre combatir, ignorar o dejar que la influencia de la minería ilegal siga penetrando en la política no debería ser una cuestión de conveniencia política o económica, sino de compromiso con el bienestar y la sostenibilidad del Perú.

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