Minería informal/ilegal/etc. o alienación ciudadana (I)

Gran preocupación, análisis, interpretaciones y muchos actos lícitos y también agresivos y hasta delictivos se han venido produciendo en las últimas semanas y que tienen lamentable relación con otros sucesos ocurridos meses atrás y en años recientes, que por su gravedad nos recordaron la experiencia traumática que padecimos a raíz de la agresión terrorista en la década de los ochenta y parte de la de los noventa. Esta vez la violencia está más focalizada en una actividad productiva, la minería, aunque por la importancia de esta en el producto nacional afecta a toda la Nación. Ello sin considerar los efectos sociales y políticos. Se ha llegado a un punto tal en que situaciones que afectaban la seguridad ciudadana se han convertido ya en amenazas para la seguridad nacional. Son numerosos los vasos comunicantes de esta situación con otros problemas como la no adecuada administración de la inmigración venezolana en la última década y los desafíos que significa la dimensión transnacional del narcotráfico y la del terrorismo derivado del fundamentalismo religioso. Es indudable que en lo que va del siglo XXI, el Perú y los peruanos han perdido gran parte del orden y disciplina social que se logró en los años noventa. Gracias a los candados legales puestos oportunamente a nivel mismo de la Constitución Política, el orden y disciplina se han mantenido en el plano macroeconómico, fundamentalmente porque han evitado que la impericia o corrupción de los gobernantes puedan afectarlos. Tales candados fueron puestos ex profesamente por el Congreso Constituyente Democrático en la Ley de Leyes, dada la mayor seguridad que ella da en razón de su naturaleza de norma con mayor vocación de permanencia que el resto de normas legales, al exigir –ella misma– mayores requisitos para su modificación, requisitos que suponen un alto consenso al interior del único ente estatal llamado a realizar tal modificación: el Congreso de la República. Más allá de la indudable estabilidad y progreso macroeconómicos de las cuatro últimas décadas, que serían inmensamente mayores, es lamentable comprobar que el Estado se ha venido alejando cada vez más de su fin último de lograr el Bien Común, que implica paz y progreso para todos sus habitantes. El Estado no solo ha debilitado su presencia como orientador del desarrollo del país y de promotor de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, sino que está ausente como garante del respeto de la Constitución y la ley, aun mediante el uso de la fuerza cuando sea necesario y siempre sujeto a Derecho.

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