Ministro de RREE en la picota

El doce de marzo de este año, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto que modifica la Ley 27692 (creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI), para contribuir con la transparencia, supervisión y ejecución de los recursos que reciben las ONG. Esta norma fue exonerada de segunda votación. La presidenta Boluarte la promulgó, asegurando que su gobierno dio un “paso firme y decidido” en favor de la transparencia, la buena gestión pública y el fortalecimiento de la democracia. “En adelante” —dijo— “todas las entidades que reciban recursos de la cooperación internacional, incluidas las ONG, deberán divulgar e inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo conducido por la APCI.”
Asimismo, el canciller Elmer Schialer sostuvo: “En una democracia moderna, nadie debe temer a la transparencia”, agregando que el reglamento para aplicar esta norma “será presentado en las próximas semanas.” ¡De esto han transcurrido cuatro meses (…) y nada!
Posteriormente —justificando su tardanza— Schialer defendió esa demora, alegando que los procesos que fija la flamante ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) “requieren exhaustivos análisis”; coyuntura que, a su criterio, sería “desproporcionada.” Para este escriba, el lobby de las ONG estaría acorralándolo, tanto como a la presidenta Boluarte. Porque lo que siempre procuran las ONG es generar el desorden generalizado.
Hablamos de una afrenta al Estado de derecho, organizada a través de multimillonarias y simultáneas transferencias que reciben las ONG bajo todo concepto. ¡Menos el verdadero destino de aquellos fondos representados por decenas de miles de millones de dólares que nunca pasan por registro —ni control alguno— del Estado, sino que ingresan a las arcas de las ONG! ¡Y nuestro país, amable lector, nunca se entera del destino de aquellos millones de soles, dólares, euros, etc.!
Según Schialer, “la ley establece sanciones por infracción, que llegan hasta las 500 UIT, incluyendo la cancelación del registro de la ONG.” Medidas insuficientes para la gran mayoría de propietarios de esas guaridas de vividores —las ONG— habituados a usar los recursos secretos para darse la gran vida, y para financiar campañas contra los opositores del mundillo caviar, en perjuicio de los objetivos de esos fondos.
Esto, al margen de otro segmento de mecenas, que donan decenas de millones de dólares cada año para que implementemos las propuestas de la “trama woke”, que busca cambiar las “excluyentes” estructuras sociales que impiden imponer aquellos “nuevos conceptos” de género, orientación sexual, lenguaje inclusivo, derechos LGBTQ, etc., llegando al extremo de exigir “sanción social” para quienes expresen juicios valorativos ofensivos, insensibles, etc. por el mundillo woke.
¡No, ministro Schialer! No siga meciendo a la sociedad. Esté a favor o en contra de la ley aprobada por el Congreso, su obligación es reglamentarla inteligentemente, aunque prontamente. Porque cada día que pasa, perdemos control sobre cifras siderales. Hablamos de un tema delicado que incumbe a sus altas responsabilidades como ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Cúmplalas con eficiencia y honorabilidad, no con miedos y excusas.

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